La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha convocado a los sindicatos este martes en la Mesa General de Función Pública en una nueva convocatoria extraordinaria para hablar del plan de ajuste presentado por el Gobierno andaluz, según han indicado a Europa Press fuentes sindicales.

Varias fuentes sindicales consultadas por Europa Press han mostrado su disposición a acudir a esta reunión, aunque han dejado claro que no negociarán "recortes", sino "alternativas buscando la eficacia y la eficiencia". A esta mesa están convocados los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

Desde hace varias semanas los sindicatos lamentan además que la Junta de Andalucía no les había llamado ni les había convocado a la Mesa General de Función pública para hablar sobre el plan de ajuste, ni tampoco se habían celebrado "reuniones ni contactos formales ni informales", y consideraban que el Gobierno andaluz "debería convocar dicha mesa cuanto antes, pues de lo contrario quedarán en evidencia sus compromisos".

El vicepresidente de la Junta, consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, anunció hace varias semanas el aplazamiento del decreto que sustenta el plan de ajuste presentado por el Gobierno andaluz, "unos diez o quince días", para emprender una "negociación profunda" con todos los sindicatos el recorte salarial a los trabajadores públicos y poder buscar "elementos de consenso y de alternativas".

Fuentes de CCOO, que puso en marcha un frente común con UGT, han indicado que acudirán a la Mesa General "a ver si hay alguna nueva propuesta y para escuchar a ver qué dicen", tras lo que se han mostrado "abiertos a la negociación".

Las fuentes sindicales han recordado que ambas centrales le plantearon "cuáles eran nuestros principios básicos para entrar en la negociación, esto es, que dicha negociación no fuera impuesta, que hubiera margen para negociar las cantidades y que se concretara y calculara el impacto del plan de ajuste, tanto en la Administración General de la Junta como en cada una de las consejerías".

"Queremos ver y calcular el impacto para buscar y garantizar la eficacia y eficiencia y no repercutir el plan de ajuste en los salarios de los trabajadores", han indicado las fuentes, quienes se muestran "optimistas" por el hecho de que la negociación "siga abierta, pues mientras esté la puerta abierta hay posibilidades de negociar y alcanzar acuerdos".

No obstante, reconocen que no tienen muchas posibilidades y han dejado claro que los sindicatos "no van a negociar ni a acordar recortes", tras lo que han expresado su "preocupación" por las últimas declaraciones expresadas desde el Gobierno andaluz.

Petición de csif

Por su parte, CSIF-A ha exigido la convocatoria por parte de la Administración de la Junta de Andalucía de una mesa de negociación dentro de la Mesa General de la Función Pública para que los empleados públicos "recuperen de inmediato las potestades administrativas, tal y como marca la legislación vigente y como ha señalado la Justicia en reiteradas ocasiones".

En una nota, este sindicato exige que las potestades administrativas "sean regentadas, tal y como recoge la Ley y como han refrendado en diversas ocasiones los jueces, sólo y exclusivamente por los empleados públicos para que de esa forma se mantenga la independencia, la objetividad y la profesionalidad que debe existir siempre en la Administración, dado que solamente ellos, los empleados públicos, son los garantes de estas potestades".

Por ello, CSIF-A considera prioritario que la Junta de Andalucía "se siente a negociar con los interlocutores autorizados la manera más correcta de devolver estas potestades a los funcionarios de manera urgente, sobre todo tras las últimas sentencias favorables a esta central sindical, que suspenden diferentes encomiendas de gestión hacia personal no funcionario".

Para ello, para esta central es "necesario y urgente" abrir una mesa de negociación en la Mesa General para acordar la forma en que se establezca la recuperación de esas potestades por los funcionarios, ya que la Administración "tendría que ser la primera que hiciese cumplimiento estricto de lo que marcan los tribunales de Justicia".