El grupo parlamentario de Convergència i Unió (CiU) defenderá el próximo martes ante el Pleno del Congreso la posibilidad de anular, o al menos limitar, las pensiones e indemnizaciones de los directivos de cajas de ahorros que reciban apoyo público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), incluso con carácter retroactivo, una posibilidad que los 'populares' no descartan presentar próximamente en sus propios términos.

Así, la Cámara Baja debatirá una proposición no de ley de los nacionalistas catalanes en la que abogan por modificar la Ley de Saneamiento del Sector Financiero en lo relativo a las remuneraciones en las entidades que reciban apoyo público para su saneamiento o reestructuración con el fin de limitar las retribuciones que puedan percibir sus administradores, cargos directivos y miembros de órganos colegiados.

Su objetivo es que esta medida no se aplique únicamente en 2012 y mientras subsista el apoyo financiero público, sino también con carácter retroactivo a ejercicios anteriores si de la gestión de aquellos ejercicios se derivara la posterior situación de necesidad de ayuda pública.

Además, piden al Ejecutivo revisar las indemnizaciones, pensiones o cualquier cláusula de blindaje percibidas por los administradores o cargos directivos de entidades financieras que hayan requerido de ayudas del Estado a través del FROB, con el fin que éstas sean anuladas o declaradas inválidas en caso de gestión negligente y por cuya causa ha sido requerida la aportación de fondos y avales públicos.

Casos escandalosos

Y es que, a juicio de CiU, no se pueden tolerar casos conocidos últimamente como el de Aurelio Izquierdo, exdirectivos de Bancaja, que tiene derecho a una indemnización de 14 millones de euros; o el del propio expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, con un blindaje de 1,2 millones de euros pese a que sigue al frente de Caja Madrid y cuando la entidad necesitará una inyección de unos 19.000 millones de euros de fondos públicos.

Dado que el decreto ley de reforma del sector financiero aprobado el pasado mes de febrero —y en el que ya se incluía límites en las retribuciones de las cajas auxiliadas por fondos públicos— no se considera suficiente, CiU ha propuesto una iniciativa propia.

A la espera de conocer la postura que adoptan los 'populares' en la votación del martes, está previsto que también el grupo parlamentario del PP presente una iniciativa propia en este sentido, tal y como anunció el portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso.

A su juicio, el Gobierno debe entrar a regular casos "escandalosos, execrables e inmorales" como los mencionados, por lo que el PP ya trabaja en una iniciativa parlamentaria que complemente al decreto ley en relación con las retribuciones pactadas antes de su entrada en vigor.