El Govern combatirá la creciente oferta ilegal de taxis no autorizados con la aprobación de un nuevo marco legal que establece un régimen sancionador que contempla multas de hasta 12.000 euros, todo ello a fin de hacer frente a un fenómeno que, "además de suponer un agravio directo para el sector, perjudica seriamente la imagen de nuestra Comunidad y representa, a la vez, un peligro para la seguridad viaria".

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del Ejecutivo balear, Rafael Bosch, en rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que ha aprobado el Decreto ley de medidas urgentes sobre el régimen sancionador en materia de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo.

Según ha señalado, el primer paso que dio el Govern para luchar contra este fraude se materializó en la aprobación, el pasado mas de febrero, de un conjunto de medidas para Ibiza, donde este fenómeno es más acentuado, entre las cuales destaca la autorización en los Ayuntamientos para que puedan otorgar licencias estacionales de taxi dentro del ámbito municipal.

Ahora, con la aprobación del Decreto ley se definen como infracciones la prestación, la comercialización y la promoción de un servicio de taxi no autorizado, se determinan las medidas cautelares y se establece el anterior régimen sancionador.

En este contexto, los servicios de inspección, los agentes de vigilancia del transporte por carretera y los policías locales en el ámbito propio tendrán competencia para inmovilizar un vehículo cuando se detecte una actividad irregular, independientemente de si el conductor tiene o no residencia española o dispone de documentación que acredite su identidad.

También podrán fijar provisionalmente la cuantía de la sanción económica, que deberá abonarse en el momento de la denuncia en concepto de depósito para poder retirar el vehículo. Una vez notificada la infracción a la Dirección General de Transportes de la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente y Territorio, ésta iniciará el expediente sancionador correspondiente.

Tal y como ha justificado Bosch, la Dirección General ha acelerado la redacción de esta norma para que ya se pueda aplicar en esta temporada turística, periodo en que el fenómeno se agrava, de forma que se prevé que se publique esta misma semana o la semana próxima en el Boletín Oficial de Baleares. Asimismo, el Consell de Govern ha aprobado solicitar al Parlament que convoque una sesión extraordinaria para obtener la validación parlamentaria con la mayor brevedad posible.