El Defensor del Menor desaparece pero Aguirre mantiene organismos duplicados

Pedro Schwartz, durante su toma de posesión como presidente del Consejo Económico y Social.
Pedro Schwartz, durante su toma de posesión como presidente del Consejo Económico y Social.
Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid se queda sin Defensor del Menor. Este jueves, y merced a los votos del PP y de UPyD, de quien partió la idea inicial, Esperanza Aguirre vio como se ejecutaba su deseo de poner fin a la existencia de este Alto Comisionado, que, si bien ejercía un cargo de relevancia social, carecía de poder ejecutivo alguno y costaba a las arcas públicas 2,7 millones de euros al año. El gasto incluye el coche oficial, un chófer y una sede alquilada por 18.000 euros al mes en Metropolitano-

La eliminación, que el pleno de la Asamblea de Madrid votó pasadas las 0.30 horas de este viernes, supone que Arturo Canalda, que fue renovado en el cargo en noviembre de 2011 para otro mandato de cinco años, entregue sus funciones al Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF). Según Esperanza Aguirre, sus funciones se superponían y el IMMF podía asumirlas sin perjuicio de la protección de los niños y ayudando, al Ejecutivo, además, a ahorrarse una importante cantidad de dinero.

UPyD, que fue el primer grupo en pedir la disolución de esta institución, votó a favor de la propuesta. PSM e IU lo hicieron en contra al entender que Aguirre tiene otras partidas donde recortar. De hecho, no perdieron la oportunidad de marcar el camino a la presidenta.

Órganos duplicados

Para UPyD, además del Defensor del Menor sobran el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y la Agencia de Protección de Datos (APDM).

El primero tiene asignada en los presupuestos de 2012 una partida de 4,9 millones de euros, de los cuales 4.045.073 se van en gastos de personal. Está presidido por Mariano Zabía, ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguire, y en él también se sientan Joaquín Leguina o Cristina Alberdi. Su labor es hacer dictámenes sobre las leyes aprobadas por el Gobierno regional.

La Agencia de Protección de Datos, con 2,2 millones de presupuesto, está presidida por Santiago Abascal Conde, exparlamentario vasco del PP y presidente de la Fundación Denaes para la Defensa de la Nación Española.

Ambos organismos también existen a nivel nacional y, según UPyD, duplican sus funciones con sus homónimos, por lo que son "innecesarios".

En el último año, la oposición y los sindicatos también han puesto el foco en otra institución, el Consejo Económico y Social (CES), otro órgano de consulta donde están representados los sindicatos pero donde los empresarios y los expertos elegidos por el Gobierno de Esperanza Aguirre tiene mayoría. Sus informes económicos anuales siempre están en consonancia con las políticas aplicadas por el Ejecutivo regional.

Este consejo cuesta 2,2 millones de euros al año, de los que 849.494 corresponden a los salarios de su personal. El presidente, Pedro Schwartz, fue elegido no sin polémica, ya que los sindicatos le plantaron en su toma de posesión.

Al poco de llegar al cargo decidió dotarse de chófer, cuando ninguno de sus predecesores lo había hecho. En concreto, tiene dos conductores y dos secretarias que logró tras prescindir de un técnico y un auxiliar administrativo. El Consejo Económico y Social también existe a nivel nacional.

El hachazo

Para la oposición, estos organismos son perfectamente prescindibles. Más aún si se tiene en cuenta que, como le achacaron Tomás Gómez (PSM), Gregorio Gordo (IU) y Luis de Velasco (UPyD) este jueves en la Asamblea de Madrid, Aguirre ha dado un hachazo a los presupuestos de 2012 que afecta a todos los madrileños.

Cuando se acaban de cumplir seis meses desde su aprobación, Aguirre se ha visto obligada a aprobar una nueva ley de presupuestos para ahorrar 1.045 millones de euros en los próximos seis meses. Todo ello después de admitir que el déficit ha duplicado el previsto y que existe un 'agujero' de 1.000 millones en la recaducación.

Por ello, ha tomado decisiones drásticas. Entre estas están la bajada del sueldo de los funcionarios, interinos y cargos políticos -incluida la presidenta y sus consejeros-, el recorte de las becas, la subida y creación de tasas para pagar por servicios que hasta ahora eran gratuitos o la reduccion de la cartera de servicios sanitarios.

La supresión del Defensor del Menor también va en la la misma línea de "austeridad", pero, de momento, Aguirre no ha anunciado más recortes por la vía de la supresión de organismos públicos.

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