La Audiencia Nacional está estudiando la admisión a trámite de una denuncia presentada por un particular contra los exdirectivos de Novacaixagalicia (fruto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova) por las prejubilaciones e indemnizaciones millonarias, según informaron fuentes jurídicas.

La denuncia proviene de un juzgado de Instrucción de A Coruña, que se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado de Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha asumido la denuncia y la ha remitido a la Fiscalía de esta sede judicial para que emita un informe.

El fiscal Marcelo Azcárraga será el encargado de estudiar la denuncia y determinar si existen indicios de delito para su admisión a trámite. La apertura de esta causa supondría la judicialización de estos cobros recibidos por los antiguos directivos de las antiguas cajas gallegas, que recibieron una inyección de 2.465 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que controla el 93% de la entidad resultante de la fusión.

Por el momento, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación para examinar la legalidad de las indemnizaciones de más de 20 millones de euros cobradas por el exdirector general José Luis Pego, el exdirector general adjunto Javier García de Paredes, el exresponsable del grupo inmobiliario Gregorio Gorriarán y uno de los directivos al cargo de la unión de las dos cajas —Caixa Galicia y Caixanova—, Óscar Rodríguez Estrada.

Fuentes del Ministerio Fiscal informaron a Europa Press que todavía no han presentado ninguna querella al respecto. La Fiscalía está revisando la valoración de Novacaixagalicia presentada por los antiguos directivos, que reflejaba un valor en libros de 1.784 millones de euros como capital fundacional y que el Banco de España redujo a 181 millones de euros.

Por su parte, el subgobernador del Banco de España y presidente del FROB, Javier Aríztegui, adelantó el jueves que Novacaixagalicia podría requerir algo más de 4.000 millones de euros para cumplir las exigencias de provisiones de saneamiento financiero aprobadas por el Gobierno para cubrir el riesgo inmobiliario.