IULV-CA pide "celeridad" a la Justicia en el caso de Ayamonte para que "se depuren responsabilidades"

El portavoz de IULV-CA en la Diputación Provincial de Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha pedido este jueves "celeridad" a la Justicia para esclarecer el caso por el que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte (Huelva) ha citado a declarar a lo largo de la mañana de este jueves al alcalde de la citada localidad, el socialista Antonio Rodríguez Castillo, y a su antecesor, Rafael González, por supuestas irregularidades urbanísticas presuntamente cometidas en el núcleo costero ayamontino de Isla Canela.
Rafael Sánchez Rufo.
Rafael Sánchez Rufo.
EUROPA PRESS
Rafael Sánchez Rufo.

El portavoz de IULV-CA en la Diputación Provincial de Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha pedido este jueves "celeridad" a la Justicia para esclarecer el caso por el que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte (Huelva) ha citado a declarar a lo largo de la mañana de este jueves al alcalde de la citada localidad, el socialista Antonio Rodríguez Castillo, y a su antecesor, Rafael González, por supuestas irregularidades urbanísticas presuntamente cometidas en el núcleo costero ayamontino de Isla Canela.

En rueda de prensa, Sánchez ha remarcado que su formación "ha venido históricamente defendiendo, tanto en la etapa de Rafael González como en la del actual alcalde, la existencia de auténticas zonas oscuras en la gestión urbanística del municipio".

Por ello, ha pedido la "celeridad" en el funcionamiento de la Justicia al objeto de que "se depuren al máximo todas las responsabilidades".

"Quien lo ha hecho, que la pague", ha añadido el dirigente de izquierdas, que ha confiado en que desde el Ayuntamiento de Ayamonte "se tenga la máxima colaboración posible en este proceso judicial que se ha abierto contra estos dos dirigentes políticos".

A su juicio, "se tienen que depurar las responsabilidades porque en política se puede meter la pata pero no la mano" y estima que, si se considera que ha habido alguna irregularidad, "quede inhabilitado para el ejercicio de la política".

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