Los sindicatos de

Ccoo pv y

Ugt pv han exigido este lunes el pago "inmediato" de los cerca de nueve millones de euros que la Conselleria de Justicia y Bienestar Social adeuda a empresas, ONG y entidades encargadas de llevar a cabo los programas de menores, y que incluyen tanto las medidas de protección, como de prevención y el trabajo en los reformatorios. Según han alertado, este retraso en los pagos, que abarca las facturas de todo el año 2011 y parte del 2012, pone en "grave peligro de morir" la labor de unas 60 empresas, el puesto de trabajo de cerca de 1.300 trabajadores y la asistencia a más de 5.000 menores.

Así lo han precisado en una rueda de prensa en la que también han denunciado que el pasado 30 de mayo, la Dirección General del Menor publicó "sin previo aviso ni negociación" una orden por la cual saca a licitación los programas de medidas judiciales en abierto para que, a partir del 1 de julio, sea una sola empresa la que se encargue de su gestión. Desde 1993 cinco entidades venían desarrollando estos trabajos de manera "ejemplar y modélica", han subrayado, y ahora, "al menos cuatro de ellas se ven condenadas a desaparecer".

Para reclamar tanto el pago de los retrasos que la Generalitat mantiene con todos los centros de menores así como para exigir la retirada de esta orden y el inicio de negociaciones encaminadas a diseñar un nuevo modelo de atención a menores que no se base en las subvenciones y que establezca ratios trabajador/menores al cargo, los sindicatos han convocado una concentración a las puertas de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social el próximo miércoles 6 de junio a las 11.30 horas.

Así lo ha anunciado este lunes el secretario general de la FETE-

Ugt pv, Miguel Ángel Vera, junto a Toni Femenia de FST-

Ugt pv, el responsable del sector de menores de la FETE-

Ugt pv, Antonio Jiménez, y Javier Merás, uno de los trabajadores de medidas judiciales en abierto para menores de la empresa Nazaret en Alicante.

Según ha explicado Antonio Jiménez, los impagos del Consell hace que muchas de las entidades dedicadas a los programas de menores a lleven "dos, tres, cuatro o cinco meses", según casos, sin poder pagar las nóminas de sus trabajadores o a no poder pagar el 100% de sus facturas de mantenimiento de los centros.

A pesar de que Conselleria ha comenzado a abonar el 60% de los gastos de los centros con concierto —de titularidad pública con gestión privada— desde la semana pasada, no ocurre lo mismo con el resto de entidades, ha puntualizado, lo que pone "en riesgo" las actividades diarias que se realizan con los menores, ha incidido.

En cuanto a la orden publicada para licitar las medidas judiciales en medio abierto en favor de una sola empresa, Jiménez ha lamentado que Conselleria la haya sacado "sin avisar" y "sin dar tiempo a negociar", ya que según el documento, a partir del 1 de julio, una única entidad se hará cargo de estos programas.

De este modo, de las cinco entidades —SPAM, Nazaret Fundación Padre Fontova, Fundación Diocesana San José Obrero, Fundación Diagrama y Fundación los Arcos— que llevan casi 20 años trabajando en estas medidas de manera "ampliamente reconocida" incluso por la propia dirección general, como mínimo cuatro desaparecerán. Por ello, ha pedido la retirada de esta orden y que se negocie.

En este sentido, Javier Merás, uno de los trabajadores afectados por la orden, ha expresado su "inquietud" por la situación tanto por la "merma en la calidad asistencial de los menores" que temen que se produzca, como por su trabajo. Según ha dicho, la Dirección General ha garantizado a estos trabajadores su "subrogación" pero ya han visto en otros casos como esto ha llevado o "a la rebaja de las condiciones laborales" o a su despido pocas semanas después.

Asimismo, ha llamado la atención sobre la necesidad de establecer unas ratios de trabajadores por menores a su cargo, ya que si en 2002 cada trabajador llevaba un máximo de 15-20 menores, los recortes, los retrasos en los pagos o el hecho de que a fecha de hoy aún no se hayan publicado las subvenciones correspondientes a 2012, está abocando a los trabajadores del sector a llevar entre 49-55 menores cada uno.

"daño irreparable"

En esta línea, Toni Femenia ha alertado del "daño irreparable" que está causando la Dirección General del Menor con la "macrolicitación" para este tipo de programas y ha denunciado que en la orden dada a conocer la semana pasada figuraba la firma de la responsable del departamento desde el pasado 12 de abril. "Me y medio con la decisión tomada y ocultándolo" a los afectados.

A su entender, es "inexplicable" que se "olviden" de los que llevan casi 20 años realizando una labor "rigurosa", de criterios como la continuidad, el nivel de eficacia, la necesidad social en el ámbito de actuación o la colaboración para la inserción social y se opte "un monopolio de gran superficie".

Para Miguel Ángel Vera, "lo terrible es que si no se apoya en este momento la educación, después se tendrán que construir cárceles" sin embargo "no existe en la actualidad un modelo de intervención social sino un criterio economicista" que no obstante, no tiene en cuenta que levantar cárceles "es más caro que prevenir", ha concluido.