El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha comunicado este jueves a la Autoridad Laboral el inicio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afecta a 176 trabajadores laborales que fueron contratados sin proceso selectivo. Además, ha entregado a las centrales sindicales la documentación al respecto.

Así lo ha anunciado el alcalde, José María García Urbano, quien ha informado de que este martes se mantendrá la primera reunión con los sindicatos para establecer el periodo de consulta con la representación legal y sindical de los trabajadores a fin de buscar alternativas o negociar otros criterios para fijar el ajuste de personal exigido por la situación económica actual del Ayuntamiento.

"Es un proceso que se desarrolla con toda transparencia y objetividad y este Gobierno sigue abierto al diálogo y soy el primero que no quería llegar a esta situación y, por tanto, el primero que estaré deseando salir de ella si hay medidas realistas que permitan ahorrar seis millones de euros en personal", ha manifestado.

Al respecto, el regidor del PP ha precisado que la lista de empleados afectados se ha confeccionado según los criterios objetivos recomendados por una empresa externa experta en Derecho Laboral contratada para tal efecto.

Ha señalado que este expediente responde a "la circunstancia sobrevenida de encontrar una deuda del doble de la admitida por el anterior Gobierno y la obligación del Estado de establecer un equilibrio en las cuentas para pagar a proveedores; en concreto, se han abonado 60 millones de euros".

Para atender a esto, "el Ayuntamiento tiene que reestructurarse necesariamente y durante dos meses hemos tenido una negociación para bajar el coste de los empleados del Ayuntamiento en seis millones de euros", ha explicado el primer edil, recordando que la bajada de sueldo fue rechazada por los sindicatos.

García Urbano ha incidido en que esta medida permitirá el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y posibilitará al Ayuntamiento hacer frente a sus obligaciones y a la prestación de más servicios e inversiones para la localidad. Asimismo, ha dejado claro que la ciudad no va a notar merma en la prestación de servicios, que "están garantizados".

"Es la fórmula de garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento y la prestación de los servicios, así como garantizar el pago de las nóminas", ha defendido, agregando que "el equipo de gobierno ha adoptado la decisión de no subir los impuestos a los ciudadanos, en el convencimiento de que las familias no pueden costear la mala gestión y el despilfarro ocasionado por la clase política durante años".

Plan de recolocación externa

García Urbano ha subrayado que el Ayuntamiento pondrá en marcha un plan de recolocación externa para los empleados que resulten afectados por la reducción de plantilla municipal. Con esta iniciativa recibirán un itinerario formativo —de un mínimo de seis meses—, dirigido especialmente a la readaptación o la reconversión de los trabajadores para su integración en el mercado laboral.

Asimismo, esta iniciativa va aparejada a un plan de acompañamiento social, que incluye que las posibles contrataciones o sustituciones que se realicen en el Ayuntamiento vayan dirigidas preferentemente a este personal. Además, el Consistorio depositará los seguros sociales que corresponden a los afectados mayores de 55 años en la Seguridad Social, lo que beneficiará la cotización de su jubilación.

"fuerte desequilibrio presupuestario"

Por su parte, el concejal del Área Económica, Manuel Aguilar, ha manifestado que la situación económico-financiera del Ayuntamiento está caracterizada por "un fuerte desequilibrio presupuestario" entre los ingresos y los gastos y por un continuo descenso en la liquidez.

"Esta situación ha dado lugar a la suspensión de pagos a todo tipo de proveedores de bienes y servicios, como único medio de disponer de recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos de personal, lo que ha derivado en un considerable número de reclamaciones de intereses de demora", ha explicado.

El edil ha apuntado, en este sentido, que el total de reclamaciones judiciales —vía contencioso-administrativa— contra el Ayuntamiento superan los 52,6 millones de euros y que la solicitud de la ejecución definitiva de algunas de éstas puede ocasionar problemas de liquidez.

Aguilar ha comentado que los intereses de la deuda municipal generaban 15 millones de euros al año. Asimismo, se ha referido al excesivo peso de la plantilla —más del 90 por ciento sobre los ingresos municipales—, lo que resulta desde el punto de vista económico "insostenible".

Ha puesto como ejemplo que el peso de la plantilla municipal supera e, incluso, triplica la de otras entidades locales, tales como el Ayuntamiento de Oviedo, con un 30 por ciento de peso de la plantilla; Gijón, con un 35 por ciento, o Burgos, con un 38 por ciento.

El responsable municipal de Economía ha subrayado, además, que las medidas puestas en marcha desde el inicio del mandato por el PP han permitido ahorrar nueve millones de euros, "lo que demuestra que este gobierno ha hecho todo lo posible para equilibrar los ingresos y los gastos".

Elección de los trabajadores

La concejala de Personal, Pilar Fernández-Fígares, ha argumentado, por su parte, que el equipo de gobierno ha seguido criterios objetivos de elección de los trabajadores afectados por la reducción de plantilla.

Así, ha indicado que se han acordado las necesidades en materia de personal para atender los servicios de cada área municipal de manera eficaz y eficiente; se ha procedido a relacionar a todos los empleados de acuerdo con su categoría profesional, y se ha ordenado por orden cronológico de ingreso. A partir de aquí, ha aseverado que se ha procedido a la elección de los trabajadores afectados siguiendo un criterio de menor antigüedad dentro de cada categoría.

La edil de Personal ha detallado que se ha excluido de la medida de regulación de empleo a los seis trabajadores que acordaron la reducción a la mitad de su jornada de trabajo y de salario. En relación con el Centro de Educación de Adultos, ha resaltado que se ha considerado un servicio a extinguir en su totalidad, puesto que se trata de "una competencia impropia del Consistorio duplicada", en tanto que ya existe en Estepona un Centro de Educación de Adultos, que financia la Junta de Andalucía.