La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha declarado competente para la instrucción y, en su caso, el ejuiciamiento del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y actual senador aforado, Miguel Zerolo, por un presunto delito de malversación de caudales públicos cometido durante la compraventa de Las Teresitas, y ha designado instructor del caso al magistrado Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.

Respecto al resto de imputados, serán enjuiciados por la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Carla Bellini, por lo que el Alto Tribunal desestima la solicitud de la jueza de hacerse cargo de todo el procedimiento.

En un auto publicado este lunes, el razonamiento jurídico primero recoge que "Miguel Zerolo, como responsable último del Ayuntamiento de Santa Cruz, decidió y puso en marcha unos mecanismos administrativos cuya finalidad era la compra —por parte del Consistorio— de las once parcelas que integraban el frente de la playa de Las Teresitas a un precio a todas luces muy elevado".

Dicha compra, según figura en el auto, "se realizó mediante la firma de un convenio que suponía un beneficio para los intereses privados y un grave perjuicio al erario público", tal y como puso se manifiesto en una sentencia del Tribunal Supremo con fecha 3 de mayo de 2007, donde se declaraba nula dicha compraventa.

En el auto se explica que Miguel Zerolo permitió que la Caja de Ahorros de Canarias concediera un préstamo a Inversiones Las Teresitas SL para la compra de los terrenos que integraban la Junta de Compensación, a pesar de ser conocedor del interés de la ciudadanía por no construir en el frente de la playa. Igualmente, se desprende que el exalcalde tenía "total conocimiento" de que Inversiones Las Teresitas SL había adquirido —tres años antes de la compra por parte del Ayuntamiento— las 101 parcelas por 5.500 millones de pesetas (33 millones de euros).

El auto añade que el exalcalde decidió llevar a cabo la adquisición de los terrenos a través de la compraventa conociendo la existencia de cuatro valoraciones económicas realizadas a instancia del Ayuntamiento —tres externas y una llevada a cabo por la arquitecta municipal—, y siendo conocedor de que en todas ellas el valor estimado de las parcelas era muy inferior al que había fijado la parte privada para la compra.

Asimismo, se dice que Zerolo conocía que la valoración económica que se tuvo en cuenta para fijar el precio de la compraventa había sido realizada por una entidad privada —CajaCanarias—, constándole igualmente el interés directo de la misma en el tema, toda vez que tenía un crédito pendiente contra Inversiones Las Teresitas SL.

En el escrito también se señala que el exalcalde fue consciente de la omisión de trámites esenciales en el procedimiento administrativo, como por ejemplo el haber optado por la compraventa de los terrenos al precio fijado por la parte privada no a otras vías como la expropiación o la compensación.

Por último, el auto concluye que durante la compraventa no se tuvieron en cuenta las cuatro valoraciones periciales encargadas por el Ayuntamiento; no se utilizó el informe de valoración realizado por la arquitecta municipal; tampoco se llegó a efectuar un estudio acerca de la posibilidad de proceder a la expropiación; no se tuvo en cuenta en un primer momento el deslinde marítimo terrestre, y se dejó sin valorar el incremento de valor que, como consecuencia de los desplazamientos de aprovechamiento que en el Convenio se contemplan, se producen en el resto de las parcelas que quedan en manos de Inversiones Las Teresitas SL y que, según el Tribunal Supremo, "tendrían una influencia decisiva en la correcta fijación del precio.