La consejera de Salud y Bienestar Social ha avanzado este miércoles que, por el momento, "no hay ninguna alternativa real" de los sindicatos al plan de ajuste elaborado por la Junta, al menos en lo que a las ramas sanitarias de los sindicatos se refiere para el recorte de los 236 millones en el ámbito de la sanidad.

Montero, quien ha informado en Sevilla de la ampliación de los comedores saludables a personas con discapacidad y mayores en la comunidad, ha avanzado así la falta de una "apuesta realmente alternativa al plan de ajuste propuesto por el Gobierno de la Junta", en donde "podamos sustituir una propuesta por otra en lo que al grueso de la medida se refiere de disminución de las pagas extras y bajada del 10 por ciento en los complementos específicos".

"No hay ninguna medida alternativa que tenga ese impacto económico y que pueda ser sustituida automáticamente", ha reiterado Montero, quien también ha adelantado que convocarán a la mesa de negociación específica para trasladar este hecho a los sindicatos.

"Entiendo que todo esto es difícil, pero la propuesta que hizo la Junta es progresista, en el sentido de que repercute más en aquellos que tienen más salario y menos en los que menor salario tienen", ha valorado Montero, quien ha precisado a Europa Press, acerca de la posibilidad planteada por algunos agentes sanitarios de buscar el ahorro de esos 236 millones de euros fijados en el recorte sanitario en la mejora de la eficiencia de las Unidades de Gestión Clínica (UGC), que ni Bruselas ni Gobierno central admite una fórmula del tipo y piden, por contra, "un decreto-ley o norma que visualice el despido o la disminución salarial".

"Me agrada que ahora los sindicatos hayan entendido que el desarrollo de la UGC es un instrumento importante para la mejora de la gestión clínica y la eficiencia, y digo esto porque no siempre ha sido así visto por parte de los sindicatos", ha puntualizado Montero, quien sí ha reconocido que esta vía podría haber sido probable "si no se hubiera presentado una situación de emergencia y los criterios del Gobierno de España fueran más flexibles".

"Se podría haber profundizado en la hoja de ruta que teníamos en la Consejería, que era el de mejorar la eficiencia de nuestros centros sanitarios trabajando con las unidades de profesionales, pero el señor Montoro no admite que en un plan de reequilibrio se diga que se van a ahorrar 777 millones en función de los planes concretos que elaboren cada una de las unidades de gestión en su ámbito asistencial".

En este momento, ha explicado, "lo que se exige son normativas y decretos leyes que obligue a que el Gobierno tome actuaciones rápidas y tengan el efecto directo sobre el presupuesto".

"Ojalá que el Gobierno de España hubiera admitido que la Consejería de Salud hubiera podido llevar la hoja de ruta que teníamos y que cada unidad de gestión hubiera podido decidir en su ámbito concreto cómo responder a su población de la mejor forma posible y con el menor número recursos que tuviera que utilizar en ese momento", ha continuado Montero.

Según ha dicho, un planteamiento de este tipo "no cabe en este plan de reequilibrio y, por tanto, hemos tenido que buscar fórmulas y soluciones comunes para todos los empleados públicos".

Sea como fuere, Montero ha querido dejar claro que "tanto Bruselas como el Gobierno de Rajoy no se conforman con una declaración de intenciones y necesitan un decreto ley o norma por escrito en la que se visualice claramente o bien el despido de los trabajadores o bien la disminución salarial". Este hecho, ha zanjado, "es lo que nos lleva a que, en breve, tengamos que publicar nuestro decreto-ley sin menoscabo a que sigamos trabajando con las UGC".