Los sindicatos CCOO y UGT, así como la Plataforma de Afectados por Hipotecas de la Región, han presentado este miércoles en el registro de la Delegación del Gobierno un total de 10.500 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago y alquiler social. Tienen hasta el 31 de octubre para recoger 500.000 firmas y que el Congreso debata la dación en pago.

Los pliegos de firmas se encuentran en las diferentes sedes de las entidades, pudiendo encontrar esa información en la página web 'www.quenotehipotequenlavida.org', con posibilidad de la firma electrónica con el DNI electrónico o el certificado digital, donde esta mañana tenía registradas cerca de 65.000 firmas, según ha comentado el miembro de la Plataforma, Paco Morote.

No obstante, independientemente de los pliegos oficiales que se hagan para la recogida de firmas, se realizarán anexos con las mismas características para que aquellos extranjeros no nacionalizados puedan también firmar, ya que la ley no recoge que este colectivo pueda participar en la ILP.

En esta línea, Morote ha explicado que el acto de hoy "es la primera fase de la entrega de firmas que se vienen recogiendo desde el 21 de abril en Murcia".

Al hilo, ha destacado que "en mes y medio se han recogido 9.525 firmas por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cartagena, Yecla y Murcia con la colaboración de Consumur, La Intersindical e IU". A éstas hay que sumar las recogidas por CCOO y UGT.

Desde la Plataforma han acudido al Registro de la Delegación del Gobierno "para presentar, de forma pacífica y democrática, esta ILP contra una ley que violenta a las familias al ser expulsadas de sus casas por culpa de una crisis que no han provocado".

Morote ha calificado de "canallada" lo ocurrido ayer en Las Torres de Cotillas, donde consiguieron paralizar un desahucio. Se trataba de una vivienda que "se la había adjudicado un particular por 37.000 euros y después por 150.000 euros pasó a ofertársela a la familia".

Al mismo tiempo, ha denunciado públicamente una "sensación de inseguridad jurídica que promueve la Administración de Justicia, ya que en los últimos tiempos ya no señala los desahucios con fecha lugar y hora, sino que los da en un plazo de 15 días y lo que se genera ante las familias es una sensación de angustia, porque no saben en qué momento se producirá este hecho".

Por ello, ha anunciado su intención de pedir una entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, dado que "se ha mostrado partidario de la dación". En esa cita, reclamará que los órganos judiciales que practican este método "dejen de hacerlo, porque es inconstitucional y antijurídico".

Personas que acuden semanalmente para solicitar información

La Plataforma está realizando talleres dirigidos a atender a las personas que así lo solicitan y que se encuentran en esta situación. "Se les hace ver, ha explicado, que no son culpables de la situación que están viviendo, les hacemos ver que son estafados y vemos qué situación jurídica tiene cada uno de los casos y después negociamos, si lo requiere, con el banco o le hacemos presión".

Semanalmente acude una media de 35 personas, según ha comentado Morote, quien ha cifrado en 68 el número de desahucios que han conseguido paralizar.

Por su parte, Charo González, responsable de Mujer, Política Social e Inmigración de CCOO, ha precisado que desde CCOO se han recogido un millar de firmas, por lo que no ha dudado en afirmar que esta iniciativa "está teniendo muy buena acogida".

Desde UGT, la responsable de Relaciones Institucionales, Manuela Hernández, ha advertido que "esto acaba de empezar", ya que tienen la intención de "recoger el doble de lo que hemos presentado hasta ahora".