Las Cortes de Aragón han instado al Gobierno autónomo a negociar con el Ministerio de Hacienda y Administración Pública la cesión de la parte que corresponda a la Comunidad autónoma del gravamen que se está aplicando sobre los activos ocultos, después de que el Gobierno de España haya aprobado la denominada 'amnistía fiscal'.

La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública ha aprobado, con los votos de PP y PAR, una proposición no de ley del Partido Aragonés en este sentido. El PP ha enmendado 'in voce' esta iniciativa.

El portavoz del PAR en la Comisión, Antonio Ruspira, ha afirmado que tanto el PSOE como el PP han aprobado amnistías fiscales desde el Gobierno de España sin que esta medida haya dado "los frutos deseados" en la mayor parte de las ocasiones.

La iniciativa instaba a extremar la coordinación entre las Administraciones central y autonómica en la puesta en marcha de medidas de prevención y persecución del fraude fiscal, "que deberán ser siempre prioritarias frente a cualquier fórmula de regularización".

La proposición no de ley planteada por Ruspira incluía la propuesta de que el Gobierno de España ceda a Aragón la parte que le corresponda al fraude fiscal en los impuestos cedidos y mencionaba el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades, mención que se ha retirado a propuesta del Grupo Popular.

Antonio Ruspira ha señalado que la economía sumergida mueve en Aragón 8.355 millones de euros anuales y representa el 25,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, dos puntos por encima de la media regional y más de seis por encima de la europea.

La merma recaudatoria en la Comunidad es de 1.206 millones de euros y la pérdida en cuotas de la Seguridad Social es de 407 millones, ha añadido Antonio Ruspira, quien ha indicado que los sectores más afectados son los de hostelería, construcción, industria, enseñanza, servicios domésticos y peluquerías. En la actual coyuntura de crisis económica el fraude fiscal pone en entredicho el mantenimiento del Estado del Bienestar, ha considerado.

Agencia tributaria

El diputado de CHA, José Luis Soro, ha recalcado que hay que "extremar la lucha contra el fraude fiscal" y ha animado a desarrollar el Estatuto de Autonomía y crear la Agencia Tributaria de Aragón. Ha argumentado que la actuación pública contra el fraude fiscal debe ser prioritaria.

"Nosotros no queremos cobrar nuestra parte del botín, no estamos de acuerdo en ningún procedimiento de amnistía fiscal y no podemos darlo por bueno admitiendo que no pasa nada y todo es correcto", ha insistido Soro.

La parlamentaria socialista Ana Fernández ha rechazado la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha defendido los principios de "equidad y justicia" también en el campo de la tributación.

En opinión de Fernández, la Orden del Gobierno de España que desarrolla el Real Decreto que aprueba la amnistía fiscal "permite a los defraudadores regularizar su situación desde casa, por Internet" y garantizarles que no pagarán intereses, recargos ni multas.

Regularizar la situación de los defraudadores equivale a "abrir la puerta a que se cometa un nuevo fraude", ha comentado Ana Fernández, quien ha destacado que el Partido Socialista tiene intención de recurrir el Real Decreto-ley que aprueba la medida ante el Tribunal Constitucional (TC). También presentará un recurso contencioso-administrativo.

El portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Adolfo Barrena, ha opinado que es "indecente" e "inapropiado" para un Gobierno democrático tomar estas decisiones.

Por su parte, el diputado del PP, Jorge Garasa, ha negado que la medida aprobada por el Ejecutivo central sea una amnistía fiscal. Para defender la regularización de los activos ocultos ha expresado que la economía sumergida representa el 25,5 por ciento del PIB aragonés y ha apostillado que la colaboración de las comunidades autónomas es "imprescindible".