La consejera de Presidencia e Igualdad y secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha avisado este sábado de que el último atestado remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la juez Mercedes Alaya, que investiga la posible administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, extrae sus conclusiones y argumentos "exclusivamente de sospechas y suposiciones" pero no de "medios probatorios". Díaz ha advertido de que no comparte "ni el fondo ni las conclusiones" de este atestado y ha negado tajantemente que José Antonio Griñán, presidente del Gobierno andaluz, conociese o consintiese los hechos investigados.

En declaraciones a los medios de comunicación durante el congreso provincial extraordinario del PSOE de Sevilla, que se celebra en San Juan de Aznalfarache, Díaz ha señalado que no comparte "ni el fondo ni las conclusiones" del atestado remitido a la juez bajo el título 'Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010', compuesto por el informe en sí acompañado por 50 anexos y que ha motivado que la magistrada suspenda todas las declaraciones previstas de imputados a fin de proceder al estudio del atestado.

El

Atestado de la uco

En este atestado, los investigadores de la UCO de la Guardia Civil muestran sus sospechas acerca de que, durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, y teniendo como base una serie de declaraciones tomadas, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación". Los investigadores señalan además, en este atestado, que "los miembros del Consejo de Gobierno sí conocerían el sistema utilizado" para conceder las ayudas investigadas, "participando en mecanismos que lo harían viable".

Dado el caso, Susana Díaz ha tachado de "falsa" la tesis de que "el Gobierno andaluz conociese o consintiese la destrucción de documentación" en la Consejería de Empleo, porque "toda la información de la Consejería de Empleo ha sido trasladada a la juez". Igualmente, ha negado rotundamente que José Antonio Griñán "conociera" los hechos investigados durante su anterior papel como consejero del Ejecutivo andaluz. Al respecto, ha avisado de que Griñán ni tan siquiera formaba parte del Gobierno autonómico cuando, en 2001, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de Fomento de Andalucía firmaron el convenio destinado a canalizar las ayudas investigadas.

"nada nuevo"

"En este atestado no aparece nada nuevo. No se concluye nada que la propia Junta no hubiese puesto ya en conocimiento de la juez", ha abundado Susana Díaz, quien ha insistido en que la UCO ha elaborado este atestado únicamente a partir de "valoraciones, sospechas, suposiciones e indicios", si bien este último término ha sido matizado hacia el significado de presuposiciones.

"Me sorprende enormemente que la Guardia Civil haga este tipo de valoraciones, basándose exclusivamente en sospechas y suposiciones", ha manifestado la consejera de Presidencia, quien cree "impropias" las argumentaciones de la Guardia Civil al carecer de "medios probatorios".

En ese sentido, y siempre con relación a esta investigación, ha alertado de una "causa general contra la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Junta, con un procedimiento inquisitorial que lo que tiene son fines partidistas". "Si el presidente de la Junta no fuese Griñán, seguramente no se estarían haciendo este tipo de suposiciones o valoraciones", ha aseverado la consejera.

La trama de los ere

La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos al contemplar ayudas directas a empresas.

Porque mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero, y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros con cargo a la partida presupuestaria 31L en concepto de ayudas directas a empresas o ayudas socio laborales para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE). Esta fórmula, según la investigación, sería supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y habría servido para canalizar los fondos públicos de manera presuntamente arbitraria.

La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en las diligencias y actualmente en prisión.