El PP de Asturias ha considerado este viernes que la enmienda transaccional incluida en el proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles que excluye a los licenciados de Derecho de la superación de un máster, un periodo de prácticas y un examen final para poder ejercer como abogados o procuradores, es "una medida justa" que demuestra "la permeabilidad" del partido ante las peticiones trasladas por los afectados de todo el país.

La diputada del PP Victoria Delgado ha hecho esta valoración en una rueda de prensa posterior a una reunión con varios colectivos de estudiantes de Derecho. Ha estado acompañada por el presidente regional de Nuevas Generaciones, Pablo Álvarez Pire.

En concreto, la enmienda, que el Congreso validó el jueves, dice que "los títulos profesionales que se regulan en esta ley no serán exigibles a quienes obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes".

De esta manera, 1.200 estudiantes de derecho asturianos quedarán propiciará exentos de la obligación de realizar el máster, ha apuntado Delgado.

Por su parte, Álvarez Pire ha recordado que esta medida estaba incluida en el programa electoral de Nuevas Generaciones "porque era injusta para los estudiantes". Así, ha añadido, el PP ha venido "a paliar" los "errores" que el PSOE "no ha sabido o no ha querido" solucionar desde que el texto se aprobase en 2006.

Movilizaciones estudiantiles

Durante los últimos meses, los licenciados han salido a las calles, se han movilizado en las redes sociales y se han reunido con los grupos parlamentarios para protestar contra los pasos "restrictivos" que les imponía esta Ley.

Los afectados criticaban que la superación de un máster de acceso a la abogacía implicaba un coste de unos 9.000 euros, además de las prácticas y el examen. Todo ello suponía, según declararon, una "discriminación" respecto al resto de licenciados.