El Gobierno regional y la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) han acordado la creación de una comisión de seguimiento específica para "impulsar y avanzar" en las soluciones a las sentencias de derribo en Argoños, villa en la que existen 263 viviendas condenadas a demolición, el 55% del total de toda Cantabria.

En la comisión estarán representados los afectados, el Ayuntamiento, que es quien tiene que aprobar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); y el Gobierno a través de dos Consejerías, la de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la que depende el conocido como 'Plan de derribos', y la de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, que es la que tiene que impulsar la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Santoña, Noja y Joyel.

Así se ha acordado en la reunión que el consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha mantenido este viernes, en su despacho, con los representantes de AMA, encabezados por el presidente de la asociación, Antonio Vilela, y el responsable de la Gestora, Ciriaco García.

Al término de la reunión, el consejero ha anunciado que "en pocos días" se planteará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la legalización de "al menos cuatro viviendas" de Argoños en las que se considera que han cambiado las circunstancias que motivaron en su día la anulación de las licencias municipales por "impacto paisajístico", dado que en la misma zona se han construido con el paso del tiempo más urbanizaciones.

De las 263 viviendas afectadas por sentencias de derribo en Argoños, el Gobierno espera "salvar" del orden de 230, "el 90%", si bien el consejero matizó que la revisión del PGOU, para la que "se baraja un plazo de dos años", será "decisiva" en este aspecto porque será la que determine "exactamente" el número de viviendas sujetas a legalización.

Satisfecho del grado de ejecución

El consejero se mostró "satisfecho" del grado de cumplimiento del plan de derribos en todos los municipios afectados por esta problemática, ya que en todos ellos los "hitos" previstos para el presente año 2012 "están cumplidos" o "se están cumpliendo". No obstante, reconoció que en Argoños, tal y como le ha solicitado AMA, "se pueden impulsar algo más las actuaciones porque tienen cierta complejidad".

En este sentido, destacó que, además del PGOU y el PORN, "quizás" será también necesario modificar la Ley de Conservación de Espacios Naturales de Cantabria.

Según explicó, la comisión será similar a la creada en Piélagos para las viviendas de Cerrías, que está funcionando de forma "positiva". "En un principio nos hemos volcado en Piélagos y en este segundo semestre nos vamos a volcar en Argoños", sentenció Fernández.

En esta reunión, los representantes de AMA han trasladado al consejero su "preocupación" porque "el tiempo pasa" y no ven soluciones, y le han pedido mayor "agilidad" en el caso de Argoños, que en su opinión es el que está "más atrasado". "Lo que según el anterior Gobierno era lo más sencillo, se está tardando demasiado en cumplirlo", señaló Vilela.

La asociación no quiere que se cree "un círculo infernal en el que vayan pasando las legislaturas y los gobiernos solo quieran ganar tiempo". Por eso, han pedido al Gobierno que "sea capaz de acabar en esta legislatura" con este problema.