El colectivo de docentes que desarrolla su trabajo en los centros públicos de Santoña, ha presentado en el Ayuntamiento una moción en defensa de la enseñanza pública y contra los recortes en este ámbito, que solicitan sea incluida para su debate en el orden del día del próximo Pleno que se celebre.

En Santoña, el equipo de Gobierno es un tripartito formado por concejales del PP, PRC y Movimiento Falangista (la Alcaldía es del PP), mientras que la oposición la conforman el PSOE y UPyD.

En la iniciativa, los docentes declaran no entender las últimas medidas adoptadas por los Gobiernos central y autonómico, "que han reducido de un modo drástico las partidas para educación en los Presupuestos Generales del Estado, a lo que hay que sumarle los recortes adicionales en nuestra Comunidad".

Los profesores instan al Pleno de la Corporación de Santoña a condenar y rechazar los recortes que en materia educativa están llevando a cabo los Gobiernos de España y de Cantabria porque suponen "un deterioro de la calidad de la enseñanza pública y más paro entre el profesorado".

Asimismo, denuncian las "tremendas dificultades" que para el desarrollo normal del curso implican los recortes en el presupuesto y la tardanza en la ejecución de las trasferencias económicas a los centros.

Además, consideran "indignante" que mientras se producen recortes tan graves en la educación pública, "se aumente el presupuesto para los centros concertados y se amplíen otros conciertos". Y denuncian el "perjuicio directo" que supone para los alumnos con necesidades educativas el aumento de las ratios "en un 20%".

También critican que el aumento de las horas lectivas del profesorado y el ajuste "extremo" de las plantillas hará que los alumnos "se vean privados de importantes elementos que inciden en la calidad de la educación como clases de refuerzo, educación compensatoria, desdobles, grupos flexibles, de profundización, bilingües, etc".

De igual forma, denuncian la "posible eliminación" de las escuelas infantiles, que obligará a las familias a pagar la asistencia a este tipo de centros que, además de permitir la conciliación familiar, son fundamentales en el desarrollo cognitivo y social de los niños.

Por todo ello, piden al Pleno que inste a ambos gobiernos a retirar estas medidas; que condene la actitud de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria que "se niega reiteradamente a escuchar los argumentos de los representantes legítimos de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa"; y por último, que inste al Gobierno regional "a abrir un proceso de diálogo con los colectivos afectados para buscar otras alternativas de ahorro".