La Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) ha asegurado que el impacto medioambiental en la zona de Campanillas, en Málaga capital, afectada por el vertido de gasoil que se detectó el pasado mes de octubre y que fue ocasionado por el robo de carburante en un tramo del oleoducto que abastece al aeropuerto, "se va reduciendo con las medidas adoptadas", aunque ha reconocido que "se trata de un proceso lento", dado que "el combustible que se vertió como consecuencia de la conexión ilícita está mezclado con agua, que hay que extraer y depurar".

En un escrito remitido al Ayuntamiento, después de que la Corporación municipal aprobara por unanimidad en el pleno del pasado 27 de abril una moción de IU solicitando, entre otros puntos, la adopción de medidas para paliar los daños ocasionados por el vertido de combustible del oleoducto Arahal-Málaga, CLH ha subrayado que va a continuar trabajando "en coordinación con las administraciones competentes hasta completar las tareas de limpieza y de recuperación medioambiental de la zona". Asimismo, ha afirmado que está "en contacto permanente con los afectados para informales puntualmente de la evolución de la situación".

En este sentido, ha comentado que "todas las quejas de los vecinos que se han puesto en contacto con la compañía están siendo atendidas debidamente", con el objetivo de proporcionar medidas de abastecimiento de agua a aquellas personas cuyos pozos han resultado afectados por el vertido, estando ya operativas "en muchos casos" estas alternativas.

Colaboración de emasa

Precisamente, ante la clausura de los pozos por parte de la Consejería de Medio Ambiente para evitar que el uso del agua pueda suponer un riesgo para la salud, CLH ha demandado al Ayuntamiento "colaboración", de modo que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), "dado el carácter extraordinario de la situación", preste a los ciudadanos afectados el servicio de suministro domiciliario, del que carecen, eximiéndoles de la exigencia de disponer de una red municipal de saneamiento para su abastecimiento.

En el citado escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la compañía ha incidido en que tan pronto como se detectó la existencia de la conexión ilícita, estos hechos fueron denunciados ante las autoridades competentes y se iniciaron "las labores de minimización y restauración de los recursos naturales dañados". Además, se comunicó el incidente a la Consejería de Medio Ambiente, informándole de las actuaciones emprendidas para reducir los efectos.

Así, personal especializado de CLH está trabajando en la zona desde el primer momento para realizar "las labores de contención del vertido y de minimización, reparación y restauración necesarias de los recursos naturales dañados", aplicando "las mejores técnicas disponibles". Más aún, ha hecho hincapié en que "continuarán trabajando hasta completar las tareas de limpieza y recuperación medioambiental".

Fuerzas de seguridad del estado y personación en la causa

A juicio de CLH, ha realizado "todos los esfuerzos humanos y económicos posibles para evitar y controlar las consecuencias de esta actividad delictiva". De hecho, ha planteado al Ministerio del Interior que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado persigan de forma "unificada" en todo el territorio nacional este tipo de delitos y que éstos tengan una calificación penal "más rigurosa".

La empresa de hidrocarburos está presente, como acusación particular, en la causa penal que se está siguiendo contra los imputados, opinando que sería "de gran ayuda" que también lo estuvieran los organismos autonómicos y locales.

La Compañía Logística de Hidrocarburos mantuvo el 18 de abril una reunión conjunta con la Consejería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Málaga y Emasa, en la que se analizó el avance de los trabajos de recuperación medioambiental y se pusieron en común los problemas que el vertido estaba creando a la Empresa Municipal de Aguas para dar servicio a algunos de los afectados.

El pasado mes de octubre personal de la empresa gestora detectó una bajada de presión significativa en el oleoducto, por lo que la Guardia Civil abrió una investigación, detectando un dispositivo ilegal de extracción de combustible en un tramo del oleoducto, concretamente en una finca rural del distrito malagueño de Campanillas.

Finalmente, en el marco de la operación 'Rudolf', la Benemérita detuvo a cinco personas e imputó a otras tres, la mayoría miembros de una misma familia y de nacionalidad inglesa, cifrando la pérdida del carburante en unos 156.700 litros y quedando afectada por el vertido una amplia zona rural.