La Xunta de Galicia ha licitado sendos proyectos de demolición de dos estructuras de viviendas en los ayuntamientos pontevedrés de Poio y coruñés de Padrón. El importe total para ambas actuaciones supera los 40.000 euros.

Concretamente, en julio de 2011, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística dictó la resolución por la que se declaraban ilegalizables las obras ejecutadas en los terrenos calificados como zona verde, que consistían en una edificación destinada a viviendas en la Avenida da Toxa, en Raxó, municipio Poio.

En ella, también se ordenaba al propietario, y a su costa, la demolición y reposición de los terrenos afectados al estado anterior del inicio de las obras, y con el apercebimiento de la ejecución forzaosa en el caso de incumplimiento de la orden de demolición en el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución.

Ahora, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a este proyecto de demolición, para lo que está previsto un presupuesto de 21.150 euros, antes del 11 de junio.

En el lugar de pedreira, PADRÓN

Por su parte, el proyecto de redacción de demolición de Padrón se refiere a una estructura de 74 viviendas, como semisótano, planta baja, dos plantas y un bajo cubierta en el lugar de Pedreira. El importe de este contrato asciende a 21.208 euros.

Según explica la Xunta, esta edificación carece de licencia municipal y no reúne las condiciones de solar, con la tipología edificatoria de la ordenanza de edificación, y la existencia —fijada en la ordenanza— de "conservación del trazado original y las connotaciones ambientales de escala y moderada densidad".

Además, tampoco se adapta al entorno existente y no cuenta con la autorización autonómica exigible (artículos 33 y 37 de la ley de patrimonio cultural), ya que la edificación se sitúa en el entorno de protección del convento de los Dominicos, incluido en el Catálogo Complementario de Bienes con valor histórico artístico o cultural.

Así, el 15 de enero de 2004, el responsable de Urbanismo dictó una resolución declarando ilegalizables las obras de construcción de este edificio y ordenó su demolición a costa del interesado, con el apercebimiento de su ejecución forzosa en caso de incumplimiento de la orden. Años después, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística dictó la resolución disponiendo la ejecución forzosa subsidiaria a costa del obligado. Las empresas interesadas también tendrán hasta el 11 de junio para presentar sus ofertas.