El Fondo de Financiación de Pago a Proveedores dejará en Canarias 418 millones con los que costeará 72.652 facturas

Más de 4.500 empresas cobrarán en Canarias gracias al Fondo de Financiación de Pago a Proveedores que dejará 418 millones de euros en el archipiélago para el coste de 72.652 facturas pertenecientes a 72 entidades locales.

Más de 4.500 empresas cobrarán en Canarias gracias al Fondo de Financiación de Pago a Proveedores que dejará 418 millones de euros en el archipiélago para el coste de 72.652 facturas pertenecientes a 72 entidades locales.

Así lo ha expuesto la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, que explicó que del conjunto de las facturas de la comunidad, 35.164 corresponden a la provincia de Las Palmas con 2.137 proveedores, de los que 550 son personas físicas, 1.488 Pymes y 99 grandes empresas.

Todos ellos suman un importe total a liquidar de 195 millones de euros dependientes de 30 entidades locales, según informó la Delegación del Gobierno en Canarias en nota de prensa.

En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han contabilizado 37.488 facturas correspondientes a 2.718 proveedores de los que 737 son personas físicas, 1.853 Pymes y 128 están catalogadas como grandes empresas.

Así, el total del importen a liquidar por las 42 administraciones locales de dicha provincia se fija en los 223 millones de euros.

Para la delegada del Gobierno en Canarias el Fondo de Pago a Proveedores es un plan que pretende "ayudar a las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que son los verdaderos generadores de puestos de trabajo y que han estado asfixiados por los pendientes de pago de las administraciones".

Asimismo, resaltó que esta iniciativa del Gobierno central "pretende incidir en la compleja situación económica y financiera de ayuntamientos e impulsar la actividad empresarial que supondrá una importante" inyección de liquidez.

Finalmente, destacó de este plan la "transparencia", así como el que se acaban las "facturas olvidadas y el déficit público oculto" porque el Gobierno central "ha optado por la responsabilidad en el pago, la transparencia en la gestión y el cumplimiento de las obligaciones con los proveedores que durante tanto tiempo han soportado una importante deuda".

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