La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha decidido suspender todas las declaraciones de imputados que tenía previsto tomar en los próximos meses, entre ellas las del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, prevista para el próximo día 26 de julio, tras recibir un atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social entre 1999 y 2010 y 50 anexos.

En un auto notificado este viernes a las partes personadas en el presente procedimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, señala que "para efectuar este estudio, dada la relevancia del atestado, procede suspender todas las declaraciones que venían señaladas a fin de efectuar una remodelación del calendario de señalamientos".

Así, la magistrada ha suspendido las declaraciones como imputados, previstas para el próximo día 12 de junio, del presidente honorífico de la empresa Aglomerados Morell aunque jubilado en la misma desde 2000, Jorge Andrés Morell, y de su hijo y administrador de la empresa, Luis Morell.

También han quedado suspendidas las declaraciones del 27 de junio del presidente del Consejo de Administración de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, y del consejero delegado, Manuel Rafael Castilla, así como del día 12 de julio, cuando iban a comparecer ante la juez el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, y el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca.

La juez ha tomado esta decisión tras recibir por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 'Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010', del cual ha dado traslado al resto de partes "sin perjuicio de que cuando se efectúe una lectura detallada del mismo por parte del Juzgado se adopten las decisiones oportunas respecto de las líneas de investigación y de las personas que en él se mencionan".

"Para efectuar este estudio, dada la relevancia del atestado, procede suspender todas las declaraciones que venían señaladas, a fin de efectuar una remodelación del calendario de señalamientos", dice la instructora, quien en ese mismo auto libra oficio a la Agencia Tributaria para que suministre "la información que obra en sus bases de datos" referidas a las relaciones jurídico-económicas entre 2001 y 2011 de la Junta y la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) con Garrigues y Estudio Jurídico Villasís.

Tras recibir "mediante entrega en mano" parte de la información solicitada respecto de las relaciones de la Junta e IDEA con Garrigues, la juez dictó un auto el mismo día 31 de mayo en el que señala que, "por lo que se refiere a la nueva línea de investigación que se está desarrollando tanto por la UCO como por el Juzgado respecto de los despachos profesionales y su relación con la Consejería de Empleo, procede requerir a Garrigues para que aporte un organigrama "detallado" de las personas que han integrado la oficina de Garrigues en Sevilla desde 1999 hasta la actualidad.

En este segundo auto que ha sido notificado este viernes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ordena al despacho que "especifique las personas que de manera mediata o inmediata hayan intervenido en el asesoramiento a las diferentes empresas que han recibido ayudas directas o sociolaborales", así como "en el asesoramiento que por diferentes encargos, estudios o contratos de servicios hayan prestado a la Junta en relación a la instrumentalización de las ayudas sociolaborales o directas a empresas".

"trama de enriquecimiento ilícito"

En base a la información facilitada por la Agencia Tributaria sobre las declaraciones tributarias entre Garrigues, la Junta e IDEA, la juez tacha de "significativa" la "discordancia" existente entre los datos declarados por el IFA, según el cual el despacho le prestó servicios en 2003 por importe de 724.388,68 euros, y por Garrigues, "que declara haberle facturado a la primera sólo 49.160,80 euros".

Por ello, la juez pide a la Junta que aporte al Juzgado "a la mayor brevedad posible y en un plazo no superior a 20 días" diversa información al respecto, todo ello debido a que "es objeto de investigación el papel que los despachos profesionales aludidos han podido tener en la trama que se investiga de enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos con motivo de las subvenciones concedidas".

"Ante la evidencia del asesoramiento constante en el tiempo por parte" de Garrigues "y para poder determinar el papel activo o pasivo que a lo largo de esta década haya podido jugar el gabinete jurídico de la Junta en la ideación, puesta en práctica y consecuencias derivadas de la aplicación del llamado Procedimiento Específico instaurado el 17 de julio de 2001 por el convenio marco de la citada fecha", por el que se regulaban las ayudas irregulares, la juez requiere a la Junta para que remita un organigrama "detallado" de las personas que ocuparon desde 2001 hasta la actualidad el gabinete jurídico de la Junta y de las asesorías jurídicas de las consejerías de Empleo e Innovación dependientes del citado gabinete.