El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, distribuyó el pasado miércoles un documento entre los 20 consejeros de Caja Madrid, entidad que aún preside, lamentando que el Gobierno vaya a rescatar a Bankia "a costa de fondos públicos", según publica la Cadena Ser.

El texto dice que el plan de recapitalización, que suscitó "preocupación" entre los directivos salientes de Bankia, dejará a la entidad en una "magnífica situación financiera", ya que supone una "inyección brutal de fondos para que la sociedad incremente sus provisiones de forma notable", pero causará, entre otras cosas, una enorme caída en la "cotización de la acción".

El dinero servirá, dice el documento, para dotar posibles pérdidas futuras "que tienen su origen en unas inversiones inmobiliarias que se hicieron en el pasado, que a fecha de hoy dada la situación existente pueden considerarse excesivas". Los excesos inversores inmobiliarios, añade, se produjeron antes de 2007 y "lógicamente el Consejo de Administración de Bankia, constituido en junio de 2011, es muy posterior", argumenta.

El texto también se refiere al desfase reconocido de pérdidas de la entidad para 2011, que ha pasado de 300 millones a 3.000 millones de euros en pocos meses y asegura que "solo es por las provisiones adicionales examinadas, exigidas por el deterioro del mercado inmobiliario y crediticio producido después de 31 de diciembre de 2011, según afirmación del auditor".

Dice que esas pérdidas adicionales "no son pérdidas reales", sino una "pérdida contable por posibles pérdidas futuras". Con las provisiones y dotaciones, Bankia va a tener "múltiples y mullidos colchones" para pérdidas futuras, explica, pero todo eso se hará "con cargo al Tesoro Público y a costa de sus actuales accionistas, pudiendo provocar unas consecuencias negativas para el resto del sector financiero", termina.

La nota, sin embargo, no aporta ningún tipo de solución alternativa a este último problema. El documento se titula Sobre el Plan de Recapitalización de Bankia por importe de 22.000 millones de euros, una cantidad que se distribuye en tres conceptos: 3.000 millones para provisionar créditos fiscales, 4.000 millones para provisionar la cartera de participadas y 15.000 para provisionar las carteras de créditos e inmuebles.