La vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, ha acusado este viernes al Gobierno de José Antonio Griñán de paralizar la configuración de la nueva estructura de la administración periférica de la Junta y el nombramiento de los delegados por las "cuitas y peleas internas" del PSOE-A.

En rueda de prensa, Corredera ha asegurado que la nueva administración periférica de la Junta está "paralizada por razones partidistas" y a la espera de que se celebren los congresos provinciales del PSOE-A para ver quién gana.

Ha mostrado su preocupación por que puede que hasta el mes de septiembre no empiece a funcionar la nueva administración periférica de la Junta, lo que, a su entender, supone "falta de rigor y de respeto" a los ciudadanos.

Corredera ha manifestado que los nombramientos tienen que empezar ya porque Andalucía no se puede permitir el lujo de tener una administración periférica "paralizada".

Asimismo, ha manifestado que al final se comprobará que el Gobierno de coalición PSOE e IULV-CA va a salir "más caro" a los andaluces porque si bien se anuncia la reducción en el número de delegados provinciales, se contempla al mismo tiempo la creación de coordinadores provinciales, con lo que no se va a producir ahorro alguno.

El diálogo con los sindicatos,

Una "farsa"

De otro lado, la dirigente del PP-A ha denunciado la "farsa" del diálogo de la Junta con los sindicatos sobre las medidas incluidas en el plan de ajuste que afectan a los trabajadores públicos.

Según ha agregado, los sindicatos están "desmintiendo" al Gobierno andaluz porque afirman que no existe ningún diálogo abierto en relación con esas medidas, con lo que todo constituye un "paripé" del Gobierno de Griñán.

Asimismo, la vicesecretaria de Organización del PP-A ha preguntado a la Junta cuándo piensa rectificar en la reordenación del sector público que llevó a cabo, en vista de que no dejan de salir sentencias de los tribunales que suponen auténticas "bofetadas jurídicas" al Ejecutivo andaluz.

Ana María Corredera ha señalado que la Junta tiene que actuar y abordar los cambios oportunos al hilo de esas sentencias en contra de la reordenación del sector público que llevó a cabo, porque, si no lo hace, los trabajadores se verán perjudicados.

Por último, en relación con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), la dirigente 'popular' ha manifestado que llama la atención que la Junta eleve a 85 millones de euros el dinero defraudado y, en cambio, sus abogados estén pidiendo a algunos imputados en el caso más de 900 millones por responsabilidades. En su opinión, aquí hay un intento de "manipulación" para que parezca que la cifra defraudada es menor.