El Grupo Parlamentario Socialista ha advertido de que si el Gobierno del PP "abandona" la justicia gratuita y "generaliza" el pago de las tasas judiciales, "estaremos avanzando hacia una justicia para ricos y una justicia para pobres", lo que supondría "un retroceso en términos democráticos intolerable".

Así lo afirmó este viernes en rueda de prensa el diputado Francisco Fernández Mañanes, quien alertó de la posibilidad de que la deuda con los abogados y procuradores del turno de oficio llegue a 1,2 millones de euros a final de año si no se hace nada para evitarlo.

El parlamentario socialista ha promovido una proposición no de ley, que se debatirá en el Pleno del próximo lunes, con el fin de "dignificar" el trabajo de los aproximadamente 500 abogados y procuradores de Cantabria que participan voluntariamente en el turno de oficio, para que cobren "regularmente y en plazos razonables" por los servicios que prestan y "evitar que se generalice una justicia para ricos y otra para pobres".

Fernández Mañanes denunció que la justicia gratuita, que genera un gasto anual de más de 1,7 millones de euros, "arrastra" un importante déficit como consecuencia de una consignación presupuestaria insuficiente (unos 300.000 euros por debajo del coste real del servicio) y del aumento de los usuarios -unos 11.000 cada año desde que comenzó la crisis-.

El diputado socialista explicó que para paliar el "desfase" entre lo presupuestado y el coste real del turno de oficio, el Gobierno anterior realizó a finales de 2010 un ingreso puntual de 366.000 euros, con lo que la deuda acumulada (más de 600.000 euros) se rebajó a 371.000 euros.

Sin embargo, añadió el parlamentario, el nuevo Gobierno no sólo no ha realizado en 2011 ningún pago adicional, por lo que el déficit ha aumentado en otros 300.000 euros, sino que encima ha recortado el presupuesto de 2012 para la justicia gratuita de 1,4 a 1,2 millones de euros, por lo que el PSOE estima que este año se producirá un desfase de más de medio millón de euros que habrá que sumar a la deuda que ya se arrastra.

Fernández Mañanes señaló que el Gobierno ha hecho a finales de mayo la transferencia del primer semestre, por importe de 600.000 euros, cuando el gasto acreditado por los abogados y procuradores del turno de oficio ha sido de 453.000 euros sólo en el primer trimestre del año. El parlamentario socialista reprochó a la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, que con este pago haya "dado por cumplidas sus obligaciones", lo que a su entender, indica que "se quiere desentender de la deuda".

BAREMO

También replicó a la consejera que, si bien es cierto que no se ha reducido el baremo de lo que cobran los abogados y procuradores del turno de oficio por cada proceso, no es menos cierto que Cantabria es "una de las regiones que menos paga de España". En este sentido, destacó que los abogados asturianos o vascos cobran más que los cántabros por el mismo trabajo y que las tasas de Cantabria únicamente son "un poquito superiores" a las de aquellas regiones que, como Castilla y León, no tienen asumidas las competencias en Justicia y por tanto, se aplican los baremos del Ministerio.

En todo caso, Mañanes subrayó que un Gobierno "responsable", "paga lo que se debe por un trabajo ya realizado y no deja tirados a los más desfavorecidos cuando vienen mal dadas". Para contribuir a solucionar un problema "al que de momento el Gobierno no ha sabido hacer frente", el PSOE propone la creación de una comisión mixta entre el Ejecutivo y los colegios oficiales de abogados y procuradores con el fin de elaborar propuestas de futuro para la mejora del sistema de justicia gratuita en Cantabria.

Igualmente, pide al Gobierno que apruebe un calendario de pagos puntuales que permita saldar la deuda con los profesionales del turno de oficio, y que implante un sistema de pago que asegure el abono puntual y regular de las cantidades adeudadas. Además de estas propuestas, en su proposición no de ley el PSOE insta al Parlamento a rechazar que la financiación del servicio público de justicia gratuita se articule a través de las nuevas tasas judiciales.