La Xunta dice que el 75% de los afectados por preferentes que protestaron ante el IGC optaron por el arbitraje

La Xunta ha indicado que el 75% de los afectados por participaciones preferentes que presentaron reclamaciones a través del Instituto Galego de Consumo (IGC) han optado por la vía del arbitraje.
El Conselleiro Javier Guerra Y El Fiscal Superior De Galicia, Carlos Varela
El Conselleiro Javier Guerra Y El Fiscal Superior De Galicia, Carlos Varela
XUNTA
El Conselleiro Javier Guerra Y El Fiscal Superior De Galicia, Carlos Varela

La Xunta ha indicado que el 75% de los afectados por participaciones preferentes que presentaron reclamaciones a través del Instituto Galego de Consumo (IGC) han optado por la vía del arbitraje.

En un comunicado, la Consellería de Economía e Industria, ha señalado que, en concreto son ya 818 afectados los que pidieron esta vía extrajudicial gratuita. Estos datos han sido analizados en un encuentro entre el conselleiro, Javier Guerra, y el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, en el que han destacado la importancia del trabajo conjunto para buscar soluciones.

La Xunta ha incidido en que aportó a la Fiscalía 730 expedientes del IGC sobre las preferentes, que servirán para preparar la demanda colectiva por este asunto.

Guerra ha insistido en que "desde el primer momento", el Gobierno gallego trabaja "en distintas vías" para lograr una solución para los afectados, con el fin de que recuperen el dinero a través del arbitraje e investigando la propia comercialización con la presentación de denuncias ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De hecho, subraya, fue en febrero cuando se empezaron a remitir reclamaciones registradas en el IGC a la Fiscalía Superior de Xustiza de Galicia.

Por su parte, Carlos Varela ha reiterado, como lo hizo tras la firma de un acuerdo con el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que la demanda colectiva tiene un plazo de resolución lardo, de entre cinco y seis años, mientras que la vía del arbitraje es "buena alternativa" para encontrar soluciones en un tiempo "muy corto". El laudo arbitral podría estar resuelto en entre cuatro y seis meses, apunta el Gobierno gallego.

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