El pleno de la Diputación de Granada ha aprobado por unanimidad de todos los grupos (PP, PSOE e IU) emitir un pronunciamiento favorable a la creación de cuatro nuevos municipios derivada de la segregación de Carchuna-Calahonda (Motril), Játar y Fornes (Arenas del Rey), y Ventas de Zafarraya (Alhama de Granada).

De este modo, la institución provincial muestra su respaldo a la petición que en este sentido han hecho estos municipios, si bien deberá ser la Junta de Andalucía quien, en el marco de sus competencias, decida si puede llevarse a cabo esta segregación.

También se ha aprobado por unanimidad una declaración institucional para solicitar al Gobierno la permanencia de los actuales partidos judiciales de la provincia de Granada, garantizando a la población de las comarcas afectadas el mantenimiento de los mismos sin menoscabo de un servicio público esencial como es el acceso a la justicia.

Además se pide que se dé traslado de este acuerdo al Consejo General del Poder Judicial y al Ministro de Justicia, así como al Congreso de los Diputados, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Parlamento de Andalucía, la FEMP y la FAMP, así como a los colegios profesionales con competencias en materia de justicia.

Por otra parte, ha salido adelante una moción del equipo de gobierno provincial contra el plan económico financiero de reequilibrio de la Junta —sólo respaldada por el PP— en la que se acuerda solicitar a la Junta la presentación de unos nuevos presupuestos para 2012, "sin previsiones de ingresos falsos, sin electoralismo, sino aplicando la responsabilidad con planteamientos realistas, que eviten que luego tengan que venir más recortes que afecten a la calidad de vida de los andaluces".

Además, se acuerda "rechazar el rumbo tomado por el nuevo gobierno autonómico de PSOE e IU, en el que las subidas de impuestos, los recortes y las ajustes caen directa y duramente sobre los trabajadores y los sectores más empobrecidos de la sociedad andaluza"; así como "reprobar la actitud de persecución descarada del gobierno bipartito contra los funcionarios andaluces, en represalia por haber denunciado el enchufismo que ha caracterizado la gestión de la Junta".

Por último, acuerdan "pedir al Gobierno andaluz que con lo que se pueda ir recuperando de los 1.500 millones de euros repartidos fraudulentamente en el caso de los ERE falsos, se cree un fondo de emergencia social para atender a las familias andaluzas sin recursos".