El Gobierno gallego ha dado el visto bueno este jueves al decreto que regula el canon del agua, del que finalmente estarán exentos los pozos y las traídas particulares porque, según ha defendido su titular, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene sentido" que los propietarios que realizaron "el esfuerzo" de su puesta en marcha paguen "por un servicio que ya prestaban previamente".

Tras el Consello de la Xunta, Feijóo ha destacado también que este canon, que sustituye al de saneamiento y que entrará en vigor a partir de julio, "mejora" el sistema "sin crear ningún nuevo impuesto" y se convierte "en el segundo más barato de España, permitiendo, además, "que el 30 por ciento de los gallegos" paguen a partir de ahora "menos" por el consumo de agua.

Así, ha reiterado que tendrá un carácter finalista, ya que "el cien por cien" de la recaudación se destinará a políticas de agua, ya sea de abastecimiento de saneamiento o de explotación de depuradoras. A renglón seguido, ha defendido que se introduce un sistema "más progresivo, más equitativo y más social".

"Más progresivo", ha argumentado porque la tarifa doméstica se estructura en distintos tramos, según el consumo real y porque se tendrá en cuenta el número de personas por vivienda. Ha recordado que se eliminan "los mínimos" que, a su entender, "incentivan el consumo innecesario" del agua.

También ha defendido su carácter "equitativo" porque las familias numerosas contarán con una bonificación del 50 por ciento y aquellas que se encuentren "en riesgo de exclusión" quedarán exentas de su pago, así como las entidades sin ánimo de lucro que atiendan a estas situaciones.

En el caso de usos no domésticos, Feijóo ha avanzado que se incentivarán tarifas beneficiosas para las empresas que depuren sus vertidos antes de derivarlos a la red general de saneamiento, por lo que su preocupación medioambiental se traducirá en que "pagarán menos".

Coeficiente de vertido

En cuanto al coeficiente de vertido, ha explicado que se trata "de una tasa autonómica" sólo para las depuradoras que son sostenidas por la Xunta. Ha señalado que el objetivo es "equilibrar" y "equiparar" lo que pagaban los ciudadanos con depuradoras gestionadas por los ayuntamientos a los que viven en municipios en los que dependen de la administración autonómica.

Así las cosas, ha subrayado de que, si se paga a un municipio, no se pagará a la Xunta. "A partir de aquí, la Xunta se podrá hacer cargo de las depuradoras que los ayuntamientos no quieran explotar", ha añadido.

Decreto derogado

El Consello de la Xunta también ha acordado la derogación del decreto sobre fluoración de las aguas potables de consumo público. Esta norma establecía la obligación de fluorar las aguas de consumo público en Galicia.

La decisión llega, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado, porque los estudios muestran que existe una concentración óptima de flúor en las aguas aptas para el consumo y que estas cumplen los criterios técnicos correspondientes.

Otras actuaciones

Por otra parte, Núñez Feijóo ha anunciado que la Xunta invertirá más de 700.000 euros "en la ampliación y mejora" de la estación de tratamiento de agua potable de Teo (A Coruña). El coste total de la actuación, cofinanciada por Augas de Galicia y el Ayuntamiento es de 1 millón de euros y la previsión del Gobierno gallego es poder licitar la obra a principios de este verano.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico colaborará con el Ayuntamiento de Melón en la dotación de saneamiento en diferentes núcleos mediante la aportación más de 365.000 euros. Del proyecto, que actuará sobre localidades como Valmourisco, A Costa do Cuco, O Retiro, A Fonte Santa, Negrelle y Quins, se beneficiarán un total de 1.475 vecinos.

Por último, la Xunta ha aprobado la prevalencia de la utilidad pública del proyecto de una subestación eléctrica sobre terrenos de un monte vecinal en Ribadeo (Lugo). El acuerdo del Consello comprende una superficie de 1,18 hectáreas del monte en mancomún de Os Chaos, perteneciente a la comunidad de Piñeira, en este ayuntamiento.