El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este jueves dificultades financieras en ayuntamientos de la Comunidad, dándose "una situación especialmente delicada" en Foz (Lugo) y Ponteareas (Pontevedra), donde, además, el máximo mandatario autonómico ha recordado que se requiere de "consenso político" para que sus planes de ajuste puedan salir adelante.

En este escenario, tras presidir la reunión semanal de su Gobierno, Núñez Feijóo ha hecho un llamamiento a los partidos para que "quienes causaron las deudas" de sus ayuntamientos "no bloqueen" ahora los planes de ajuste que permitirían "que las nuevas corporaciones puedan satisfacer sus pagos a proveedores".

"Que sean sensatos, que sean responsables con sus vecinos y que alcancen acuerdos", ha demandado, para insistir en que "no tiene sentido económico, político o financiero" bloquear los planes que permitirían a los ayuntamientos "pagar lo que deben". A renglón seguido, ha reiterado que Foz y Ponteareas están "especialmente afectados".

Dicho esto, ha destacado que el Gobierno central dotó con 35.000 millones el plan reservado para pago a proveedores. Al hilo de esta afirmación, ha celebrado que la mayoría de ayuntamientos presentaron sus planes de ajuste y que "ya están aprobados", de forma que, "en los próximos días", podrán "empezar a pagar" sus deudas con proveedores.

Competencias en intervención

También ha destacado que, "aún no teniendo los datos definitivos, el mapa local de Galicia está, en su conjunto, en una situación "mejor" que otras comunidades, con "muchos menos ayuntamientos" en una situación "de crisis económica" que en autonomías como, por ejemplo, Andalucía o Cataluña. "En Galicia hubo más rigor en la administración local que en otras comunidades", ha zanjado.

Por último, sobre la posibilidad de intervención, como la que demandó Os Blancos, ha apuntado que la Xunta estudia la información económica que este ayuntamiento ourensano para saber por qué está "en situación excepcional", pero ha recordado que su Ejecutivo sólo tiene competencias al respecto en ayuntamientos de más de 75.000 habitantes. En el resto de casos, se trata de una "competencia exclusiva" del Estado.