El diputado del PPdeG Jacobo Moreira ha repetido este jueves la "posición clarísima" del PP, "reiterada hasta la saciedad" de que Ence debe abandonar su ubicación en la ría de Pontevedra en 2018, aunque los dos grupos de la oposición —PSdeG y BNG— han considerado necesario que los populares "se posicionen claramente", puesto que "siempre colaboraron con el grupo empresarial para modificar la legislación para consolidar el complejo".

Así lo ha reclamado la diputada del BNG Carme da Silva durante la exposición de una propuesta (rechazada por el PP) que pedía garantizar que Ence no permanecerá en la ría una vez caduque la concesión administrativa, el 29 de julio de 2018. "Tienen que posicionarse claramente y no lo quieren hacer. Lo único claro es que se trabaja en el ministerio —de Medio Ambiente— en un cambio para favorecer la ampliación de concesiones", ha dicho.

En la misma línea, la portavoz del PSdeG en materia de Medio Ambiente, Carmen Gallego, ha reprochado a Moreira que el PP se escude en que defiende el cumplimiento de la ley. "Pero, ¿y si cambia la legalidad?", ha preguntado y ha trasladado su "preocupación" por la postura del ministro del ramo, Miguel Arias Cañete.

"En julio 2018 esta actividad tiene que salir de ahí, no porque lo diga el PP o el BNG o el PSOE, sino porque lo dice la ley", ha sostenido el representante popular, que ha recordado que la actividad de Ence genera el 11% del PIB de Pontevedra, por lo que ha apostado por conciliar la demanda social de que se traslade con medidas para "no dejar escapar toda esta riqueza".

Por otra parte, el diputado del PP Daniel Varela ha afirmado que respalda la actividad de la oficina europea contra el fraude (la Olaf), que ha iniciado una investigación por posible fraude en el uso de fondos comunitarios por parte de la Diputación de Ourense, y ha pedido esperar a que termine el proceso, tras el que acatarán los resultados "sean los que sean".

"Si hubo irregularidades y da lugar a responsabilidades, respaldaremos esa decisión", ha afirmado y ha justificado rechazar una propuesta del PSdeG para que la Xunta inicie una investigación propia sobre el caso. La autora de la iniciativa, la socialista María Quintas, ha considerado que las palabras de la Olaf sobre los indicios de "fraude" son "suficientemente fuertes" para que el Gobierno tome la iniciativa e inicie pesquisas sobre la instalación de más de 100 depuradoras que "son insostenibles" y varios ayuntamientos "tienen apagadas".