Una pareja residente en Guriezo pierde su casa en subasta judicial al no poder hacer frente a los pagos

Una pareja vizcaína, residente en Agüera (Guriezo), ha perdido su casa en una subasta judicial al no poder hacer frente a los pagos tras haber suscrito un crédito y quedar en paro uno de sus miembros. La vivienda salía a la venta este viernes en un juzgado de Castro Urdiales por un precio de 206.000 euros y ha sido adquirida por 120.000 euros.

Una pareja vizcaína, residente en Agüera (Guriezo), ha perdido su casa en una subasta judicial al no poder hacer frente a los pagos tras haber suscrito un crédito y quedar en paro uno de sus miembros. La vivienda salía a la venta este viernes en un juzgado de Castro Urdiales por un precio de 206.000 euros y ha sido adquirida por 120.000 euros.

Se trata de Óscar Leal e Iratxe Justel, de Vizcaya pero residentes en Cantabria desde 2003, de 28 y 32 años, respectivamente, con una hija de cuatro años, que no vivían en esta casa desde hace años debido a que sus condiciones la hacen "inhabitable".

En declaraciones a Europa Press, Leal ha afirmado sentirse "muy desilusionado, muy triste y muy abatido", además de "como un delincuente porque me han tratado como un delincuente", y ha dicho que sus "esperanzas" se truncaron "en diez minutos", en el momento que el juez siguió adelante con la subasta.

"A causa de esta casa tengo dos hernias diagnosticas, psoriaris, depresión y estoy con ansiedad crónica. Y todo derivado de la casa", ha lamentado Leal, que considera "injusto" que le echen de su vivienda por una deuda "y los señores que me vendieron la casa salgan de rositas; esto no puede ser".

En este sentido, ha lamentado que se haya hecho "caso omiso" a su denuncia por estafa, basada, ha explicado, el que el terreno que él adquirió como urbano estaba calificado como rústico.

Además, la casa tiene problemas de cimentación "que me perjudican a mí, cuando el que la construyó es el anterior dueño", ha denunciado.

Leal también ha afirmado que la entidad bancaria que le concedió el crédito se ha portado "muy mal" con él. "Ni se han sentado a negociar ni me han dado opción; han desestimado totalmente suspender la subasta", ha lamentado.

"No me queda más que ver lo que pasa estos días y a dónde voy. Estamos viviendo en casa de una chica, que nos la ha dejado amablemente pero es su casa. Tengo una niña de cuatro años, estoy sin trabajo y no puedo trabajar, mi mujer gana 700 euros cuando los gana y a ver lo que pasa de nosotros".

Leal y Justel, atraídos por el entorno natural, acabaron estableciéndose en Guriezo en 2006. Fue en ese año cuando adquirieron una casa prefabricada en Agüera tras suscribir un préstamo con La Caixa por un importe de aproximadamente 240.400 euros.

Pronto comenzaron los problemas: humedades en los baños y olores a aguas fecales cuando llovía. Tras examinar la vivienda, distintos peritos determinaron que todo se debía a problemas de cimentación.

Y como el vendedor se negaba a responsabilizarse, recurrieron a la Delegación de Vivienda en Santander, donde pidieron una ayuda para las reparaciones que les fue denegada, alegando que eran propietarios.

En el camino, la situación comenzó a pesarles, con problemas de salud mental y una baja laboral por depresión, a lo que se sumó, hace dos años, el despido de Óscar de la empresa de reciclaje de Vizcaya en que trabajaba.

En esa situación, no pudieron hacer frente a la hipoteca de una casa en la que ya hacía tiempo que no residían, pues era "inhabitable" y la pareja tuvo que optar por el alquiler.

De modo que sumaron a los 1.200 euros que les supone al mes el pago de la hipoteca los 400 que tienen que pagar de alquiler, sólo con el sueldo de Iratxe, mientras Óscar sigue desempleado.

Hace unos días, les llegó la notificación judicial de que este viernes, día 25, su casa saldrá a subasta, en el Juzgado de Castro Urdiales, por un precio de 206.000 euros. Stop Desahucios ha hecho público este caso.

Un total de 691 familias cántabras fueron desahuciadas en 2011, un cifra que coloca a Cantabria como la tercera comunidad autónoma con menos ejecuciones hipotecarias de España —por detrás de La Rioja y Navarra—.

Desde el año 2007, cuando comenzó la crisis económica, y hasta 2011, el número de desahucios se eleva a 2.997 en la región y a 315.000 en toda España.

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