Agentes de la Policía Nacional de Gijón han detenido a 15 personas e imputado a otras cinco por un fraude a la Seguridad Social superior a los 100.000 euros. En la operación policial se ha destapado un entramado de empresas que se dedicaban a proporcionar contratos falsos a ciudadanos extranjeros para que consiguieran regularizar su situación en España y que obtuvieran prestaciones de las Administraciones Públicas que no les corresponderían.

Entre los detenidos se hallan dos de los empresarios que administraban las diferentes empresas que servían de tapadera y aportaban cobertura legal a todo el entramado. Un tercer empresario encartado se encuentra huido en el extranjero y se ha cursado contra él una orden de detención. Se les imputan delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo.

La investigación se inició el mes de octubre del año pasado cuando se descubrió la existencia de cinco empresas dedicadas a la construcción y a la rehabilitación de inmuebles cuya actividad económica había decrecido en los últimos años, y que en la actualidad se estarían financiando mediante contrataciones fraudulentas de extranjeros.

La finalidad real de estas sociedades era registrar continuas altas y bajas de trabajadores que no desempeñaban actividad laboral alguna y cuyas cuotas de afiliación a la Seguridad Social no eran sufragadas.

DE 250

Euros a 1.500

Euros por trabajador

Tres empresarios, gestores de estos negocios, realizaban las contrataciones ficticias a cambio de una cantidad de dinero que solía oscilar entre los 250 euros y los 1.500 euros por trabajador.

Por su parte los ciudadanos extranjeros contratados rotaban por esas empresas a fin de estar el mayor tiempo posible como trabajadores activos, lo que les permitía solicitar el subsidio de desempleo del Servicio Público de Empleo y del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Además, los que se encontraban en situación irregular conseguían de este modo permisos de residencia y de trabajo por cuenta ajena con lo que regularizaban su situación en el país.

Se estima que en los últimos cuatro años se llevaron a cabo más de 200 contrataciones y que la deuda a la Seguridad Social asciende a 100.000 euros. La operación, que todavía continúa abierta , ha sido desarrollada por el Grupo Operativo de Extranjeros de la Comisaría Local de Gijón.