El asistente técnico de las obras del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, cuyos trabajos están siendo investigado en el marco del caso Peaje por un presunto desvío de fondos públicos, ha defendido ante la jueza instructora que las facturas de los trabajos se justificaban ante la empresa concesionaria de los mismos y no ante el Consell de Mallorca, puesto la adjudicación de las obras habían recaído en manos de esta mercantil y ésta a su vez las subcontrató a la UTE que finalmente las llevó a cabo.

De hecho, durante su declaración como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, Ricardo Collado ha incidido en que la propia concesionaria, Pamasa, era la que asumía el coste de la reparación que cualquier anomalía que surgiera y que hubiera que subsanar más allá de la cantidad inicialmente presupuestado, de forma que si a alguien le supuso un "coste importante" los remates en la carretera fue a la empresa adjudicataria y no a la Institución insular.

"Cualquier reparación que debiera hacerse correspondía a Pamasa, porque el contrato era a riesgo y ventura", ha aseverado el declarante. Precisamente, las defensas niegan que el presunto sobrecoste producido durante la ejecución -que los investigadores elevan a unos 23 millones de euros- repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la Institución otorgó la concesión de los trabajos a Pamasa, que a su vez subcontrató las obras a la UTE Desdoblamiento C-715, encargada así de los trabajos y sus modificaciones.

Así las cosas, el testigo ha negado que el excelador de la carretera Palma-Manacor Gabriel Mestre tomase las decisiones en torno a las modificaciones que iban realizándose durante la ejecución de las obras y, al respecto, a preguntas del letrado de Mestre, Josep de Luis, ha explicado que semanalmente se celebraban reuniones de seguimiento en las que se planificaba el trabajo a realizar la semana siguiente. "Cada semana se contrastaba lo que se había planificado con lo ejecutado y, en su caso, se incrementaban los nuevos trabajos", ha precisado.

Es más, ha apuntado que en este sentido "la única voz autorizada" correspondía a la dirección de obra, representada por Francisco Orejudo -imputado en este caso-, quien, según ha recalcado, "fue insistente y casi obsesivo en la planificación de la obra para que pudiera llevarse a cabo en el plazo establecido para la ejecución" así como en la calidad y los remates de los trabajos. Incluso ya puesta en servicio la obra, durante un año después "estuvo haciendo obras de acondicionamiento".

Los trabajos particulares "no se certificaban a la obra"

Al ser preguntado si durante la realización del proyecto se hicieron trabajos particulares, el testigo ha respondido de forma afirmativa si bien ha negado que fuesen certificados a la obra de desdoblamiento. Al respecto, ha explicado que eran trabajos que los particulares "se arreglaban entre ellos" aunque sobre ello "todo lo que sé es por comentarios que he recibido". De hecho, ha recordado que si alguien pedía tierra sobrante de las obras para llevarla a otras parcelas también se les proporcionaba puesto que estos restos iban a terminar en el vertedero.

Mientras tanto, también ha sido interrogado un pariente de la mujer de Mestre, Miguel Ángel Llabrés, quien ha explicado que posee un almacén de jardinería en Manacor y, al ser preguntado si los árboles que le ha comprado Mestre los ha pagado éste, la UTE, o el propio excelador le dijo que mandaría la factura a otra persona, el testigo ha respondido contundente que "siempre el que va a comprar, paga". "Cuando un cliente va a comprar le hacemos el ticket de caja y se paga al contado", ha sentenciado.