La Xunta explica que pidió a la guardería de Vigo que regularizase el aula, pero tras los hechos se cerró

La Xunta ha explicado este miércoles que se detectó que la nueva aula de bebés de la guardería La Camelia estaba funcionando --en marzo de 2010-- sin autorización administrativa a raíz del problema ocurrido con varios niños --los cuales resultaron intoxicados por benzodiacepinas--. Así, explica que se requirió al centro que regularizase la situación, si bien éste no volvió a abrir ese aula.

La Xunta ha explicado este miércoles que se detectó que la nueva aula de bebés de la guardería La Camelia estaba funcionando —en marzo de 2010— sin autorización administrativa a raíz del problema ocurrido con varios niños —los cuales resultaron intoxicados por benzodiacepinas—. Así, explica que se requirió al centro que regularizase la situación, si bien éste no volvió a abrir ese aula.

Una inspectora de la Consellería de Traballo e Benestar declaró este miércoles en el juicio que se sigue en Vigo contra una mujer que fue cuidadora de este aula, acusada de sedar a un total de 9 bebés —los cuales fueron trasladados al Hospital Xeral los días 12 y 13 de marzo de 2010— e indicó que en la inspección realizada el 15 de marzo de ese año se detectó que ese aula no tenía la pertinente autorización administrativa.

Fuentes de la Xunta explican que en inspecciones anteriores a esta escuela infantil, antes de que ocurrieran los hechos, no se había registrado la irregularidad porque ese aula no estaba en funcionamiento. Tampoco le consta a la Administración gallega que desde el centro se hubiese pedido el permiso antes de que se detectara la citada irregularidad.

Así, tras haberse constatado el problema, se requirió a la entidad que regularizase el aula, si bien tras los hechos ocurridos el aula fue cerrada y "nunca más se volvió a abrir".

La Administración autonómica señala que el hecho de que la nueva dependencia estuviese funcionando sin autorización de la Xunta se detectó "cuando se descubrió el problema con los bebés" y, de hecho, recuerda que cuando la inspección llegó al centro ese aula ya estaba precintada por el juzgado.

Durante los tres meses posteriores a los hechos se realizaron inspecciones de seguimiento. Además, en la última visita realizada, en enero de este año, la citada aula seguía sin actividad por lo que, según explica la Xunta, "todo estaba correcto para pasar la inspección".

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