Tres vocales del consejo de administración de Novacaixagalicia —fruto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova— han declarado este miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción, que investiga las indemnizaciones recibidas por cuatro exdirectivos de la entidad —que la abandonaron con la conversión en banco—. En el momento de votarse en el consejo las dotaciones para esas retribuciones, han dicho, no se concretó la cuantía de las mismas o que alguna prejubilación estaba en marcha.

Uno de los consejeros que acudió a Madrid a declarar, José Luis Veiga, ha explicado a Europa Press que estaban llamados este miércoles como testigos los tres vocales que votaron en contra de la propuesta para hacer una dotación para estas indemnizaciones. Además de Veiga, representante del Ayuntamiento de Pontevedra, rechazaron el acuerdo el representante de CC.OO., José Luis Regueiro, y el de Csica, Miguel Argones.

La investigación se abrió a raíz de una denuncia de la CIG sobre las indemnizaciones percibidas por cuatro exaltos directivos de la entidad fusionada: su exdirector general, José Luis Pego; su exdirector general adjunto, Javier García de Paredes; el que era responsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán; y uno de los encargados de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada.

De acuerdo con las cifras que transcendieron, las indemnizaciones netas rondaban los 20 millones de euros. La cuantía a que tenía derecho por contrato García de Paredes era de 7 millones de euros —renunció a la mayor parte pero la investigación de Anticorrupción ha paralizado el proceso—; mientras que la indemnización de José Luis Pego alcanza los 18,5 millones brutos (10,2 netos), de los que 7,7 millones serían por su salario hasta los 65 años, ya que se prejubiló con 54, y por una gratificación especial, según él mismo confirmó en ese momento a un periódico gallego.

En este sentido, la CIG ha solicitado también reducir a un euro la cantidad a la que tienen derecho por el fondo de pensiones, puesto que, ha advertido, al llegar a la jubilación podrían recibir en conjunto otros 33 millones de euros.

Tras declarar ante Anticorrupción, Veiga ha explicado que son los primeros testigos llamados por este asunto y ha indicado que en aquel momento votaron en contra de acuerdo en el consejo porque no tenían "nada claro" el contenido del documento. "No se votaron las prejubilaciones, en aquel momento nadie sabía que se iban a plantear las prejubilaciones", ha dicho. Tampoco se especificaba la cuantía de las mismas, ha agregado.

Así, ha explicado que lo que se aprobó fue hacer una provisión de dinero para posibles indemnizaciones, pero no se aclaró que había alguna prejubilación en marcha.

Los acuerdos

Por su parte, Regueiro ha declarado que en el consejo del 25 de agosto de 2011 se reconoce que "hay un hecho que puede dar lugar a esas posibles indemnizaciones", pero que no se conocían las cuantías.

De hecho, CC.OO. reveló, tras estallar el escándalo de las indemnizaciones, en octubre de 2011, que Novacaixagalicia había informado ese 25 de agosto de que algunos directivos se acogerían al proceso de prejubilaciones "conforme a lo establecido en el pacto laboral de la fusión" e indicó que el consejo de administración de Caixanova había aprobado el 18 de octubre de 2010, justo antes de la fusión, la "posible concesión a los directivos de una compensación o premio especial por su dedicación y aportación, en caso de acceder a la jubilación anticipada o prejubilación".

CC.OO. recordó también que en el primer consejo de administración de la caja fusionada —el 1 de diciembre de 2010—, se ratificaron los contratos de alta dirección ya existentes y se autorizó la firma de uno nuevo, para equiparar las condiciones del director general adjunto, Javier García de Paredes, procedente de Caixa Galicia.