El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha anunciado que su partido ha presentado este miércoles una proposición no de Ley ante el Parlamento andaluz en demanda de que un "impulso" a las construcción de infraestructuras judiciales en la provincia de Cádiz después de "once años" en los que hasta seis consejeros de Justicia de la Junta de Andalucía han estado "tomando el pelo a los gaditanos".

Así lo ha expresado Sanz en una rueda de prensa celebrada en Cádiz, en la que ha aludido al Plan de Infraestructuras Judiciales presentado por la Consejería de Justicia y Administración Pública al Parlamento de Andalucía en febrero de 2001 y al Consejo de Gobierno el 8 de mayo de ese mismo año, el cual preveía la construcción de 16 nuevos edificios en los que albergar infraestructuras judiciales en la provincia de Cádiz.

Según la proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, en los casos de Cádiz, Algeciras y Jerez se proyecta la construcción de ciudades de la justicia con el objetivo de albergar en un solo edificio todos los órganos y servicios judiciales de estas ciudades, "actualmente dispersos y en muchas ocasiones sin reunir requisitos mínimos".

Expone que la realidad es que han transcurrido once años, e incluso hace cuatro que acabó la vigencia de dicho Plan de Infraestructuras —en 2008— y, a pesar de la "multitud de promesas y fechas dadas" para el inicio de las respectivas obras, la mayoría de los proyectos siguen estando pendientes.

Señala que hay "diez de las 16 infraestructuras judiciales comprometidas que no se han llevado a cabo", concretamente las ciudades de la justicia de Cádiz, Algeciras y Jerez; los palacios de justicia de El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, La Línea, San Roque, Rota y Barbate.

El Grupo Parlamentario Popular Andaluz expone que la situación actual de crisis y el anuncio del Gobierno de la Junta de "no iniciar ninguna obra nueva" dibujan "un panorama muy negro" para la Administración de la justicia en la provincia gaditana. Además, la "precariedad" de as sedes ha obligado a la Consejería a "alquilar nuevos locales" en los que reubicar la mayoría de las dependencias mientras que llegan las obras.

Por todo ello, el PP insta al Consejo de Gobierno a elaborar un "mapa de prioridades" con el objetivo de detectar las necesidades esenciales en materia de infraestructuras judiciales en la provincia; establecer un calendario "fiable" de plazos para la construcción de las sedes judiciales pendientes y, por último, que los Presupuestos de la Junta para 2013 habiliten una partida presupuestaria "suficiente" para la adjudicación e inicio de dichas obras.