La Junta de Andalucía, a través de la Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social, ha destinado en los primeros meses del año 4,5 millones de euros a familias sin recursos económicos de la provincia de Granada. Lo ha hecho a través del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, más conocido como salario social, que permite percibir el Ingreso Mínimo de Solidaridad durante seis meses, y que se ha destinado en Granada a un total 1.868 familias.

Estos datos han sido presentados este miércoles por la delegada del Gobierno de la Junta en Granada, María José Sánchez Rubio, y la delegada para la Igualdad y el Bienestar Social, Magdalena Sánchez, al término de la 4ª Comisión de Valoración, integrada por miembros de los sindicatos, empresariado, Diputación y diversas áreas de la Junta de Andalucía.

En ella se han dado cuenta de los expedientes aprobados para los próximos seis meses, en total 595, con un presupuesto cercano a los 900.000 euros, así como de los compromisos que se exigen a los integrantes de las Unidades Familiares para poder ser beneficiario de ésta ayuda.

La delegada del Gobierno ha destacado "el gran esfuerzo y compromiso andaluz, en momentos de crisis, por mantener políticas sociales, a la vez que favorece la empleabilidad y la búsqueda activa de empleo, de los colectivos más vulnerables de nuestra provincia".

El Ingreso Mínimo de Solidaridad es una prestación económica destinada a garantizar la inserción social de aquellas personas y unidades familiares que por carecer de recursos económicos suficientes no puedan atender sus necesidades básicas. La cuantía será equivalente al 62 por ciento del SMI actual, para personas individuales, más un complemento del 8 por ciento del SMI aplicable por cada miembro de la unidad familiar. Ésta ayuda tiene una duración de 6 meses no prorrogables.

El cobro de la ayuda llevará aparejado el apoyo personal y la atención individualizada, por parte de los Servicios Sociales, en función de las necesidades del beneficiario y de su familia, así como el compromiso por parte del mismo de participar en las actividades definidas como necesarias para su inserción social.

La comisión celebrada ha aprobado los diferentes compromisos de inserción que deben cumplir los beneficiarios del mismo, en concreto relativos a la escolarización y asistencia regular a clase, a asistencia a cursos de educación de adultos; al control sanitario familiar, a mejorar las condiciones de las vivienda; a participar en los proyectos de economía social y de inserción, y a asistir a acciones formativas adecuadas.

Según ha informado la delegada para la Igualdad, Magdalena Sánchez, la Junta ha llevado a cabo reuniones con los 28 directores de Centros Sociales de la provincia y coordinadores del programa de salario social, en la que se han establecido los criterios de urgencia social que lleven a las administraciones a agilizar los procedimientos para hacer efectivas las ayudas, hecho que se produciría en caso de desahucio de la vivienda por el impago de varios meses de alquiler o préstamo hipotecario con apercibimiento de la entidad bancaria correspondiente; existencia de problemas graves de salud de la persona que sustente la unidad familiar; situaciones de realojo de urgencia; familias monoparentales que tengan la posibilidad real de insertarse, personas sin hogar. En estos casos, la resolución del expediente se hace de manera casi inmediata.