La Comisión Europea propuso este miércoles dar a España un año más para reducir su déficit público al 3% del PIB, hasta 2014, a cambio de que emprenda nuevas reformas y medidas de consolidación fiscal, especialmente en las comunidades autónomas.
"Estamos dispuestos a considerar la propuesta de una extensión del plazo para corregir el déficit excesivo por un año, hasta 2014", afirmó en rueda de prensa el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn.
Rehn dijo que la propuesta se hará también bajo la condición de que España "pueda controlar eficazmente el gasto excesivo a nivel subnacional, especialmente en las regiones autónomas", y de que presente un plan presupuestario "convincente" y "sólido" para 2013 y 2014 en el que se sustancie a medio plazo el camino de consolidación fiscal.
El comisario negó que la Comisión haya mostrado "indulgencia" con España. "No acepto la palabra indulgencia", afirmó Rehn, ya que España "ha cumplido" sus objetivos de déficit estructural, por lo que el déficit excesivo se debe a un crecimiento por debajo de lo esperado.
En este sentido, recordó que España es el único país de la zona euro para el que las previsiones económicas de Bruselas apuntan a una reducción del PIB para este año y el próximo. Por ello, Rehn consideró que la propuesta sobre España constituye una política "sensata y prudente".
La propuesta, que debe ser refrendada por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, se enmarca dentro de las posibilidades que prevé el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), concretamente la de dar un año más a países que hayan realizado esfuerzos suficientes pero se encuentren en una situación económica especialmente desfavorable.
La recomendación "requiere que España cumpla un esfuerzo anual de consolidación por encima del 1,5% del PIB durante el período de 2010 a 2013", añadió el comisario.
También recalcó que España ya ha tomado "acciones fuertes" con sus reformas estructurales, como en el mercado laboral o en las pensiones, además de que ha emprendido un proceso de reestructuración y recapitalización del sector bancario, especialmente las cajas de ahorro.
"Hemos pedido que España tome medidas decisivas"
Los "elementos clave" que influyen en las finanzas públicas españolas son "el gasto excesivo de las regiones autónomas y los costes relacionados con la recapitalización del sector bancario", por lo que "hemos pedido que España tome medidas decisivas en estos campos", afirmó.
Rehn, al presentar las recomendaciones económicas de la CE para los países comunitarios, pidió que España cumpla sus objetivos de consolidación aplicando las medidas aprobadas en el presupuesto para 2012 y aprobando para finales de julio un presupuesto para los dos próximos ejercicios.
En este sentido, señaló su satisfacción por el reciente anuncio del Gobierno español de que presentará un plan presupuestario para 2013 y 2014. Rehn dijo que la Comisión sigue en "estrecho contacto" con las autoridades españolas y presentará "en las próximas semanas" una evaluación completa de sus perspectivas presupuestarias y de las medidas presentadas para corregir el déficit excesivo.
La subida de impuestos indirectos como el IVA, el adelanto del retraso de la edad de jubilación o más pasos hacia la consolidación fiscal en las regiones son algunas de las medidas que propuso la CE en las recomendaciones que aprobó este miércoles para España.
Recomendaciones de la CE para España
La Comisión Europea ha analizado la situación económica de cada país ya ha efectuado una serie de recomendaciones que cada Estado debería adoptar a lo largo de los próximos 12 meses. En el caso de España, la CE estima que nuestra economía se contraerá un 1,8% este año, y que ese descenso será del 0,3% el próximo año. Respecto al desempleo, los expertos aseguran que llegará hasta el 25,1% en 2013. A pesar de que valoran las "ambiciosas reformas" llevadas a cabo por el Gobierno, recomiendan las siguientes medidas:
- Refuerzo del 1,5% del PIB: la CE reclama a España un esfuerzo de consolidación fiscal superior al 1,5% del PIB en términos estructurales durante todo el periodo 2010-2013. Para ello, cree imprescindible aplicar las medidas ya decididas en el presupuesto de 2012 y en los planes de ajuste de las comunidades autónomas, así como la presentación del plan presupuestario bianual a finales de julio.
Acelerar el retraso de la edad de jubilación: Bruselas también ha sugerido que se acelere el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. La Comisión cree que la reforma aprobada en 2011 que retrasaba la edad de jubilación y ampliaba en 10 años el periodo para calcular el importe de la pensión es un "paso importante" pero no suficiente. Actualmente, la aplicación de esta medida es progresiva. Es decir, que entre 2013 y 2014 se podrán jubilar a los 65 años aquellos trabajadores que hayan cotizado 35 años y seis meses; en 2014 y 2015 los que tengan 36 años cotizados, y así sucesivamente hasta que en 2025 solo se puedan jubilar a esa edad aquellos que tengan cotizados 38 años y seis meses.
- Subir los impuestos indirectos: la CE sugiere un aumento de los impuestos indirectos, como el IVA y los medioambientales, y reducir las cargas fiscales sobre el empleo, es decir, en el IRPF, una medida que el Gobierno ya ha anunciado que adoptará. El incremento del IVA podría lograrse suprimiendo gran parte de los tipos reducidos (8%) y superreducidos (4%) que se aplican a algunos productos, asegura Bruselas. Los ingresos por IVA de España ascendieron al 5,5% del PIB en 2010, el porcentaje más bajo de toda la UE. Y el tipo normal del impuesto (18%) está entre los más bajos de los Estados miembros, según destaca la Comisión.
- Reforma del sector bancario: el Ejecutivo comunitario valora positivamente que España haya emprendido un proceso de reestructuración y recapitalización del sector bancario, especialmente las cajas de ahorro. Aún así, recomienda continuar con esa reestructuración, llevar a cabo un plan sólido para tratar los activos tóxicos de los bancos, especialmente aquellos que proceden del sector inmobiliario, y aclarar el uso y las condiciones necesarias para que las entidades reciban financiación de apoyo, como en el caso de Bankia.
- Reforma en el sector laboral: a pesar de que Bruselas ha dado su visto bueno a la reforma laboral del Gobierno, subrayó varios elementos concretos que considera negativos. En particular, alaba la reducción de las indemnizaciones por despido, la simplificación de los procedimientos para despidos individuales y colectivos y la clarificación de las "condiciones objetivas" para todos ellos. Sin embargo, la CE advierte de que los nuevos contratos para pymes incluyen períodos de prueba "relativamente largos", y por tanto "podrían convertirse en sustitutos de los contratos temporales". La Comisión también considera que el coste del despido para trabajadores con contratos permanentes "sigue siendo alto" en comparación con los temporales. Y que hay que "mejorar la eficiencia" de los servicios nacionales y empleo.
- Apoyo a los jóvenes: la evaluación europea también ha pedido a España que tome medidas concretas para combatir "los inaceptables niveles" de paro juvenil y para "facilitar la transición entre la formación y el mercado laboral". En particular, sugirió acciones como la introducción de "incentivos especiales para la contratación de jóvenes", "aumentar la viabilidad de los programas de prácticas" y "reducir el abandono escolar.
- Reducir la pobreza: Bruselas cree necesario rebajar el nivel de pobreza en España, dedicando más recursos a la protección de la infancia y favoreciendo la contratación entre los grupos sociales más desfavorecidos. Según cifras de 2010, un 25,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, dos puntos más que el año anterior. El número de personas viviendo en hogares sin trabajo se duplicó entre 2007 y 2010, alcanzando el 12%, frente al 9,9% de media en Europa.
- Flexibilizar trámites y reducir déficit tarifario: por último, la CE propone al Gobierno español que flexibilice los trámites necesarios para crear empresas y obtener licencias empresariales y que mejore la eficiencia del sistema energético para reducir el déficit tarifario, situado sobre los 24.000 millones de euros.
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