El Parlamento de Cantabria ha aprobado este martes la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Administración regional, el conocido como plan de ajustes, a la que se han incorporado las 13 enmiendas del PP, del total de las 113 presentadas por los grupos de la oposición, que han sido rechazadas.

Los votos de la mayoría absoluta del PP han servido para aprobar un texto que recoge medidas como la implantación del denominado céntimo sanitario, cambios en las condiciones del personal laboral de la Administración y en los horarios de personal sanitario y docente, así como la supresión de los consejos asesores y la reducción de diputados autonómicos.

Un plan "de recortes" económicos y de derechos, según la oposición, que ha advertido del "cambio de modelo en la convivencia" y de sus consecuencias para el futuro de Cantabria y sus servicios públicos, y que tanto el Gobierno como el PP ven como la única solución posible ante la situación de "riesgo" para el Estado del Bienestar en que se encontraba la comunidad, cuyos "cimientos de futuro" asienta.

Los "cimientos" del futuro

Es una ley "responsable" que servirá para poner los "cimientos" del futuro de Cantabria, ha afirmado la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, quien ha intervenido en nombre del Gobierno para defender la ley, y que ha admitido que "a veces para hacer cimientos hay que dejarse apisonar".

En cualquier caso, desde el Gobierno se matiza que esta ley servirá para cimentar un "futuro de esperanza" gracias a su combinación con planes de estímulo como Invercantabria, la conferencia empresarial por ejes sectoriales que promueve el Ejecutivo presidido por Ignacio Diego.

Para el PSOE, el texto es un "batiburrillo" que "mezcla" los "recortes" económicos con los de libertades, según ha manifestado su portavoz parlamentaria, Eva Díaz Tezanos. En el plano económico, la también secretaria general de los socialistas cántabros ha aseverado que este "plan de recortes" carga contra "los que peor lo están pasando" con motivo de la crisis y contra las políticas sociales, dentro de una visión "ideológica" en la que los 'populares' se muestran "inflexibles" con los trabajadores y "muy laxos" con las grandes herencias.

Y en el institucional, ha hablado de un "golpe de estado" contra la representación social e institucional (por la supresión del Consejo Económico y Social, y de los Consejos de la Mujer y la Juventud), que obedecen a su juicio a una actitud "autoritaria". En el caso específico de la reforma de la Ley de las Elecciones al Parlamento de Cantabria que incluye la reducción de diputados, ha pedido "reflexión" con la sociedad para incluir medidas que fomenten la participación ciudadana.

El portavoz del Grupo Regionalista, Rafael de la Sierra, ha censurado la falta de rigor de un plan del que ha criticado la falta de concreción económica de las medidas que recoge, de las que ha cuestionado el ahorro que conseguirán y que ha pronosticado que suponen un "grave error" del que "Cantabria va a tardar en recuperarse".

De la Sierra ha hecho hincapié en que este plan no era "la única alternativa" ante la situación económica por la que atraviesan Cantabria y España, y, remitiéndose a los datos de déficit, ha reivindicado que Cantabria dejó a sus gobernantes la "mejor herencia" de todo el país, en alusión a las referencias del PP a la "herencia recibida".

Desde el PP, el diputado Julio Bartolomé, ha remarcado que "no cabía otra solución" a la hora de actuar, porque "el Estado del Bienestar estaba en riesgo" por los problemas de financiación, y ha lamentado la poca disposición al diálogo de los grupos de oposición, que, con sus enmiendas, se limitaron, ha dicho, a "vaciar de contenido" la Ley para "seguir como estábamos".

Bartolomé ha defendido la Ley para evitar que la crisis se llevará "por delante" el Estado del Bienestar, y ha animado a "colaborar" para mejorar una situación "adversa" que no se arreglará en "poco tiempo", pero que podría ser peor si no se actúa, ha alertado.

"del engaño al desengaño"

Desde el Ejecutivo, Díaz ha defendido que la subida del impuesto sobre los hidrocarburos a su tipo máximo, el llamado céntimo sanitario, es, ha reconocido, un "esfuerzo" que se pide a los ciudadanos, pero que considera "sostenible". Se trata de ser una autonomía "creíble" y "de fiar", "donde se pueda y deba invertir", ha remarcado la consejera Leticia Díaz.

La socialista Díaz Tezanos ha reiterado las propuestas de su partido en materia fiscal, como la vuelta del impuesto de donaciones y sucesiones (prácticamente suprimido por el nuevo Ejecutivo), al considerar que "todo euro que se recauda de más se recorta de menos". El resultado es que un año después de la victoria autonómica del PP, "la gente ha pasado del engaño al desengaño", ha manifestado Díaz Tezanos.

De la Sierra ha advertido que la reorganización de la Administración (el plan incluye medidas para flexibilizar los puestos de trabajo) lo "único" que hace es otorgar un "poder arbitrario" a la Consejería de Presidencia para que ejerza el "clientelismo político".

En el plano laboral, De la Sierra ha afirmado que el plan es en realidad "el mayor ERE (Expediente de Regulación de Empleo)" aprobado en Cantabria, y ha criticado los efectos de los despidos en el sector público por el "muy duro" ataque a competencias sobre servicios públicos "esenciales", como la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana o los servicios sociales.

El portavoz regionalista ha criticado las medidas fiscales por ser de carácter "igual" para todos los ciudadanos pese a la existencia de situaciones "desiguales", como sostiene que se refleja en las tasas e impuestos que se suben (saneamiento, residuos, el céntimo sanitario), y la que se crea es por la revisión de las valoraciones de la dependencia.

El PP ha afirmado que su grupo apoya "sin fisuras" un paquete de medidas que pretende lograr la sostenibilidad de los servicios públicos, tras tachar de "populistas" algunas de las propuestas de la oposición, recogidas en sus enmiendas. Mientras la oposición ha relacionado los problemas del déficit con las decisiones del Gobierno de Ignacio Diego, el PP ha señalado que las medidas propuestas por la oposición no recogían planes para reducir el déficit.

Plan de ajustes

Cuando el presidente del Gobierno, Ignacio Diego, presentó el Plan de Sostenibilidad en febrero explicó que el objetivo de las medidas en términos económicos era conseguir unos ingresos de 157 millones de euros en 2012, cantidad que en el Plan de Reequilibrio Financiero presentado por el Gobierno de Cantabria al Ministerio de Hacienda se ha incrementado en 80 millones de euros más.

La conocida como Ley de Ajustes modifica nueve leyes autonómicas y deroga las de creación del Consejo Económico y Social (CES), del Consejo de la Mujer y del Consejo de la Juventud. Estos organismos consultivos quedan suprimidos, sus bienes pasan al Ejecutivo y, en el caso de los de Mujer y Juventud, se crean, para canalizar la participación de asociaciones y colectivos, dos Comisiones de Participación, de Mujer y Juventud, respectivamente.

A las medidas ya citadas se suman otras como el incremento de la jornada laboral en el Servicio Cántabro de Salud; la reducción al mínimo legal de delegados sindicales, el aumento del número máximo de alumnos por aula en Secundaria, la nueva regulación de la Renta Social Básica, o la nueva tasa por la revisión de las valoraciones que se hagan de una situación de dependencia.