La portavoz del PP-A, Rosario Soto, ha reclamado este martes al presidente andaluz, José Antonio Griñán, que informe de cuánto adeuda la Junta a ayuntamientos por "impago" del IBI de sus edificios en distintos municipios.

En declaraciones a Europa Press, Soto ha pedido a Griñán —quien ha manifestado este martes que, tras subir el Gobierno los impuestos a todos los españoles, la Iglesia también debe contribuir— que antes de dar lecciones a nadie, cumpla con su obligación de pagar los impuestos a los ayuntamientos, como es el caso del IBI por inmuebles de la Junta.

Según Soto, los ayuntamientos están viviendo un momento muy difícil, sometidos sistemáticamente a los "recortes" de la Junta y al "impago" por parte de ésta de impuestos como el IBI.

En este sentido, ha pedido a Griñán que diga "cuántos millones de euros debe la Junta a los ayuntamientos de capitales y de ciudades de más de 100.000 habitantes por el impago del IBI de los edificios más significativos ubicados en esas ciudades".

La portavoz del PP-A ha insistido en que la Junta debe hacer frente a esa deuda inmediatamente y en que el presidente de la Junta "no está para dar lecciones a nadie".

Pago a organizaciones sociales

De otro lado, Rosario Soto ha reclamado a la Junta que haga frente de manera inmediata al pago pendiente con las organizaciones sociales porque no hay mayor recorte social ni más grave que dejar de pagar a dichas entidades y más concretamente a las que atienden a las personas más vulnerables, como las que sufren alguna discapacidad.

La portavoz 'popular' ha hecho esta exigencia a la Junta después de que la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps-Andalucía) haya alertado este martes de que la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con el movimiento asociativo, que engloba a más de 140 entidades, "asciende a más de 20 millones de euros".

Soto ha demandado a la Junta que saque el "dinero de donde sea", pero que salde esa deuda con las organizaciones sociales, aunque sea cerrando oficinas en el exterior o suprimiendo altos cargos. "Bajo ningún concepto debe abandonar a los más vulnerables porque eso sí que es un gran recorte social", ha sentenciado.