El exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, que llegó a cobrar 36.232,19 euros por su inclusión en el expediente de regulación de empleo (ERE) de la empresa Calderinox a pesar de no haber trabajado nunca allí, ha asegurado que desconocía este hecho, pues pensaba que el dinero era parte de la indemnización por su cese al frente de la Escuela de Artesanos de Gelves, y que devolvió el dinero percibido "porque todos los días aparece en la prensa que es un intruso, y porque no quiere que se crea que se ha apropiado 'intrusamente' de ese dinero".

Rodríguez Cordobés ha comparecido por espacio de dos horas y media ante la juez que investiga los ERE fraudulentos, quien le ha imputado sendos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, ya que entiende que, "prevaliéndose de sus contactos de amistad y políticos con cargos de la Junta y del PSOE, consiguió que el director general de Trabajo, Juan Márquez, con la activa participación del delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y de Ramón Alcaraz, lo incluyera como beneficiario en la póliza de prejubilación de los trabajadores de Calderinox".

Según la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, el imputado, que sufre parkinson desde hace aproximadamente dos años y que ocupó el cargo de delegado provincial entre 1998 y 2000, "nunca había trabajado" para esta empresa, a lo que se suma que "no tramitó la menor solicitud por escrito ante la Consejería de Empleo o ante cualquier otro organismo de la Administración" para cobrar dicha renta, según consta en el acta de la declaración de Rodríguez Cordobés, a la que ha tenido acceso Europa Press.

El imputado, que ha comenzado su intervención aclarando que no dejó de ser afiliado al PSOE porque su nombre apareciera en los periódicos vinculado a su inclusión en los ERE fraudulentos, sino porque la Junta "salió defendiendo a los altos cargos y no percibió que lo defendiera a él", ha aseverado que desconocía el procedimiento seguido por la Junta para la concesión de los 36.232,19 euros referidos, "y que si lo hubiese conocido desde luego no hubiese admitido su percepción".

En este sentido, Rodríguez Cordobés ha reconocido que no formalizó ninguna solicitud para recibir la "subvención", y ante la pregunta de la magistrada acerca de si "cree es que normal que la Administración tramite alguna ayuda pública sin solicitud por parte del futuro beneficiario", el exdelegado provincial de la Junta ha dicho que "teóricamente no le parece correcto, pues depende de lo que permita la legislación".

"cercanía política o amistad"

"¿Es cierto que usted sabía que este tipo de ayudas, incluyendo al beneficiario en una póliza de empresa de la que era ajeno, se daban por la Junta a personas próximas a la Administración por razones de cercanía política o de amistad"?, le ha insistido la juez Mercedes Alaya, ante lo cual el imputado ha respondido que "en absoluto conocía que esto fuera una práctica de la Junta de Andalucía".

El imputado ha explicado que entendía que los poco más de 36.000 euros percibidos formaban parte de la indemnización que el propio Rivas le ofreció por su cese en la Escuela de Artesanos, punto en el que ha negado que cobrara dicha cantidad por "las influencias ejercidas a través de sus contactos políticos" con Rivas, Ramón Díaz Alcaraz o el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, de quien era "amigo" y con el que "se podía tomar una cerveza, aunque no salían juntos".

La juez le ha cuestionado también acerca de si "fueron Rivas y Ramón Díaz los que convencieron a Márquez para que se le otorgara dicha ayuda individual porque se había quedado con una pensión pequeña" por su incapacidad absoluta al sufrir parkinson, pero Rodríguez Cordobés ha afirmado que "no tenía conocimiento", mientras que "nunca se ha quejado" del importe de la pensión, pues ha cobrado 2.000 euros mensuales desde su declaración de incapacidad absoluta.

Anticorrupción no pide fianza civil

Por último, y preguntado sobre si cree que tenía derecho a percibir la ayuda recibida, el imputado ha dicho que "le dijeron que tenía derecho", tras lo cual se ha celebrado una comparecencia para fijar las medidas cautelares reales sobre su persona en la que la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido fianza civil alguna, ya que no la considera necesaria después de que haya consignado la cantidad recibida por la póliza de prejubilación.

De su lado, el letrado de la Junta, personada como acusación, ha solicitado una fianza civil de 12.000 euros, cantidad que se corresponde con el tercio de la cantidad consignada, mientras que el PP ha pedido 48.000 euros de fianza, petición a la que se ha adherido el sindicato Manos Limpias.

En la jornada de este martes también ha prestado declaración como imputado Antonio Fernández Garzón, incluido en el ERE de Calderinox, quien se ha acogido a su derecho a no declarar y a quien la magistrada no ha imputado delitos concretos, pues se ha limitado a hacer un relato de los mismos. El fiscal y las acusaciones han pedido que se le imponga una fianza civil de 65.000 euros.

En estos momentos, comparece ante la juez instructora Luis Llorente Herrero, incluido en el ERE de Aglomerados Morell.