Las propuestas de sanción administrativa incoadas por hechos relacionados con las protestas estudiantiles del pasado mes de febrero en Valencia, conocidas como 'primavera valenciana', son un total de 230, 171 de ellas a personas mayores de edad y 59 a menores, según han detallado fuentes de la Subdelegación de Gobierno en Valencia.

Estas fuentes han señalado que, basándose en las denuncias del Cuerpo Nacional de Policía, la Subdelegación ha iniciado expedientes de sanción según lo dispuesto en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y en concreto en lo establecido en el artículo 23.d) sobre "negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público" y en el 23 n), referente a "originar desordenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos".

De acuerdo a esta norma, se han considerado los incidentes como infracción administrativa grave, lo que ha supuesto la apertura de 230 procedimientos. En concreto, 171 corresponden a mayores de 18 años con 301 euros que es la cuantía mínima que recoge la Ley.

A los menores de edad comprendidos entre los 16 y los 18 años —de los que hay 53 casos— la propuesta de sanción se cifra en 200 euros, mientras que a los que tienen entre 14 y 16 años —seis en total— el acuerdo de iniciación propone sancionar con 100 euros.

La decisión de diferenciar entre menores y mayores de edad parte de una instrucción del año 2001, después de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La instrucción adecuó el ejercicio de la potestad sancionadora a lo dispuesto en esa Ley cuando se refiere a menores, han detallado desde la institución.