El PSIB ha asegurado que el próximo martes el PP consumará "el asalto a la arquitectura territorial" de Baleares puesto que el Decreto Ley 2/2012 de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible supone "un grave retroceso en la regulación urbanística" existente en las islas.

En un comunicado emitido este sábado, el diputado socialista Jaume Carbonero ha considerado que este Proyecto de Ley supondrá la "desregulación masiva" del territorio del archipiélago siguiendo el modelo que el PP "ensayó" en el pasado en algunos municipios como Andratx, "con unos resultados ambientales, paisajísticos, administrativos e incluso judiciales por todos conocidos", señala la nota.

Según ha explicado el partido, con este texto se legalizan parcelaciones clandestinas en suelo rústico sin exigencia de servicios ni cesiones, se posibilita la clasificación como urbanos de suelos actualmente protegidos, se exonera a los nuevos crecimientos del cumplimiento de los techos poblacionales previstos en los planes territoriales, y se disminuye la carga de cesiones de las promociones privadas en suelo urbanizable, entre otros.

Además, la norma "rebaja" las condiciones de hasta una decena de leyes hasta ahora vigentes, posibilita la revisión "exprés" del Plan Territorial de Menorca y suspende la protección de los conjuntos histórico-artísticos del entorno de las iglesias de Eivissa y Formentera.

El Decreto-Ley, cuando se aprobó, "abrió la barra libre a la desprotección de espacios naturales y a las agresiones al paisaje" de las islas. Según ha indicado el PSIB, tenían la "esperanza" de que, en su tramitación parlamentaria, se pudieran corregir algunos de los excesos del "decretazo", si bien, en lugar de esto, se ha añadido una treintena de enmiendas del PP que "corrigen los artículos originales para desregular todavía más su contenido, e incluso añaden muchas disposiciones nuevas" todas en la misma dirección, ha explicado Carbonero.

Con estas enmiendas, "el PP asume por ley el urbanismo a la carta que tanto daño ha hecho ya a Baleares, en un intento de satisfacer todas las demandas que habían planteado diferentes agentes urbanísticos".

Así, según han apuntado, el PP "pone los intereses privados por delante del bien común, desregulando el territorio de todos para facilitar el beneficio particular, la construcción desenfrenada y salvaje de las islas, y demuestra que no tiene ninguna alternativa ni proyecto de crecimiento económico que no sea, una vez más, la construcción".