Unas 250 personas que participaron en las manifestaciones estudiantiles del pasado mes de febrero en Valencia, la conocida como 'primavera valenciana', han recibido propuestas de sanción del Gobierno central por infracción grave por un importe de hasta 6.000 euros, según la plataforma jurídica formada a raíz de estos hechos. Estudiantes y representantes de diversas entidades se han concentrado este martes a las puertas del IES Lluís Vives para denunciar "la criminalización" de sus protestas y anunciar que alegarán contra este procedimiento.

Los jóvenes se han reunido a las 11.00 horas frente al instituto de secundaria y han desplegado una pancarta con el lema 'Ni retallades ni repressió. Solidaritat represssaliats #primavera valenciana', al tiempo que han exhibido las propuestas de multa que han recibido. Posteriormente, una joven ha leído un manifiesto en el que el colectivo considera que el objetivo de las denuncias es "provocar miedo entre las personas y servir de medida ejemplarizante para otros sectores de la sociedad".

Igualmente, sostienen que, "tanto la Delegación del Gobierno como la Policía Nacional tratan de culpabilizar y criminalizar a todas aquellas personas que fueron identificadas para limpiar su imagen y desviar la atención de ellos mismos, los verdaderos culpables de los hechos que se desencadenaron durante la primavera valenciana". Por ello, expresan su intención de "defender sus derechos con todos los mecanismos jurídicos y mediáticos posibles".

En este sentido, Sebastián Cabanes, miembro del colectivo Alerta Solidaria y de la plataforma jurídica ha explicado que la gran mayoría de propuestas de sanción por infracción grave —que acarrea multa de entre 300,51 a 6.010,12 euros— corresponden a la concentración que se llevó a cabo el 17 de febrero ante la Comisaría de Zapadores, aunque también se han comunicado algunos procedimientos abiertos, en este caso de carácter leve, por cortes de la calle Xàtiva.

En las notificaciones de incoación de expediente se achaca a las personas identificadas en Zapadores su participación "en una concentración no comunicada frente a las dependencias policiales, negándose a disolverse a pesar de los repetidos requerimientos de los agentes, dirigiendo insultos contra ellos, ocasionando desórdenes públicos y provocando cortes de tráfico en la vía pública", según precisa el documento.

"dispositivo desproporcionado"

Cabanes ha defendido que esto "no responde a la realidad" ya que, su parecer, lo que se produjo fue "un dispositivo desproporcionado de la Policía" contra los estudiantes, "algunos de ellos menores de edad". En estos momentos, ha añadido, "la gente se está coordinando para alegar y recurrir todas esas notificaciones".

El proceso —ha concretado— consiste en que cada persona "presente su alegación ante Delegación, después habrá una propuesta de resolución, donde se dirá el importe definitivo de la multa, y, tras más alegaciones y si es el caso, un recurso de alzada para poder llegar a un contencioso administrativo".

Este portavoz ha comentado que el proceso se puede paralizar, tanto en el caso de las infracciones graves como en las leves, pagando una determinada cantidad pero ha precisado que si se hace "se demuestra la culpabilidad". "Y lo que queremos es decir que nosotros no somos culpables de nada", ha sentenciado.

En términos similares se ha expresado María, una estudiantes de 18 años del IES Lluís Vives, que ha subrayado que se "niega a pagar por esto" y que va a recurrir, si se le impone, la multa, al igual que "la mayoría de compañeros del instituto" que también participaron en la concentración.