El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Iribas, ha informado, con datos provisionales, de que el seguimiento de la jornada de huelga convocada por los sindicatos de educación para este martes es del 31,8 por ciento. Las organizaciones sindicales lo cifran entre el 57 y el 70 por ciento, cifra inferior, han reconocido, a la primera jornada de huelga celebrada el pasado día 22 de mayo.

El consejero, en declaraciones a los medios de comunicación antes de recibir a alumnos ganadores del concurso Euroscola 2012, ha señalado que la huelga "perjudica al alumnado y a las familias". A su juicio, "es posible dialogar sin necesidad de estas iniciativas, que causan un perjuicio".

Ha esperado que se "evite" la tercera y última jornada de huelga, convocada para el 31 de mayo. "En el País Vasco y Navarra fue convocada conjuntamente por los sindicatos abertzales y en el País Vasco ha sido desconvocada para no perjudicar a las familias y a los alumnos", ha expuesto.

Iribas ha solicitado así que se desconvoque la huelga para el próximo jueves y "se planteen las protestas que les parezcan oportunas, dentro de la actuación democrática que todos tenemos que mantener, porque lo demás es causar un daño que no es necesario".

En cuanto a la reunión de la Mesa Sectorial de este miércoles, el consejero ha indicado que "no todos los sindicatos son iguales, ni la actitud de ellos es la misma". Según ha asegurado, "en aquellas cuestiones en las que haya margen para negociar el departamento está dispuesto".

José Iribas ha insistido en que están dispuestos a negociar en "aquellas cuestiones donde la norma no nos obligue a tener una posición clara, nítida".

Dos articulos "inconstitucionales"

Preguntado por el informe de los servicios jurídicos del Parlamento que determina que dos artículos del Real Decreto del Gobierno central sobre gasto en educación son "inconstitucionales", el consejero ha dicho que es "inexcusable" la obligación de cumplir, "sin perjuicio de que luego la institución correspondiente pueda decidir recurrir o no la norma".

Según ha afirmado, el Gobierno "no va a ser insumiso" y "vamos a cumplir sin perjuicio de lo que decidan, a la vista de los informes, el Gobierno o el Parlamento". En caso de que se recurra ante el Tribunal Constitucional, Iribas ha señalado que "será el recurrente el que tenga que valorar qué tipo de iniciativas se pueden adoptar".

"En tanto en cuanto no se suspenda por parte de la jurisdicción una norma de obligado cumplimiento no tenemos otra vía que cumplirlo aún recurriéndolo", ha asegurado.