El Fiscal Delegado de Delitos Económicos del Principado, Íñigo Gorostiza, solicita un total de tres años y nueve meses de cárcel para tres acusados de un delito contra la Hacienda Pública.

En concreto, pide un año y medio de prisión para J.V.V.M. y para S.P.G., en concepto de autores, y nueve meses para J.D.O.E., como cómplice. Están acusados de defraudar 238.998,51 euros a través de una sociedad creada en 2004 y domiciliada en Llanera, dedicada a la venta, alquiler, importación y exportación de toda clase de automóviles, así como de sus accesorios y repuestos, reparación, conservación y mantenimiento. La vista oral está señalada para este martes, 23 de mayo, en el Juzgado de lo Penal número dos de Oviedo, a las 10.00 horas.

La Fiscalía sostiene que el 2 de febrero de 2004 el acusado J.V.V.M. constituyó una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, recibiendo la totalidad de las cien participaciones sociales en pago de su aportación del total del capital social (3.010 euros), y fue designado administrador único por tiempo indefinido. La sociedad fijó su domicilio en Llanera, teniendo por objeto social la compra, venta, alquiler, importación y exportación de toda clase de vehículos automóviles, así como de sus accesorios y repuestos, y su reparación, conservación y mantenimiento.

El 13 de febrero de 2004, J.V.V.M., actuando como administrador único de la sociedad, apoderó al acusado S.P.G. para gestionar, entre otras cosas, las cuentas corrientes de la compañía.

Así, la Fiscalía indica que con el propósito de lucrarse en beneficio propio en detrimento de la Hacienda Pública, la sociedad, con la connivencia y acuerdo entre su administrador único J.V.V.M., su gestor de hecho S.P.G., y la persona encargada de la contabilidad y llevanza de las declaraciones tributarias y compañera del anterior acusado, J.D.O.E., presentó el 31 de enero de 2005 la declaración resumen anual del IVA del ejercicio 2004 en la que, apartándose conscientemente de la realidad, constaba una base imponible de 4.254.019,24 euros (2.131.290,14 que atribuía a adquisiciones intracomunitarias; 51.598,71 a adquisiciones en Régimen Especial de Bienes Usados -REBU-; y 2.071.130,39 al régimen general), lo que supone una cuota devengada declarada (IVA repercutido declarado) de 680.643,07 euros; junto a ello declaraba un IVA soportado de 674.179,81 euros, ingresando en el Tesoro 6.473,26 euros.

A la sociedad, que carece de libros o facturas que respalden los datos declarados, se le han comprobado adquisiciones de vehículos procedentes de la Comunidad Europea, principalmente de Alemania, por valor de 1.534.131,44 euros. Aplicada a esta base imponible el tipo ordinario del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), del 16 por ciento, supone una cuota devengada comprobada de 245.461,74 euros, sin que exista cuota de IVA soportada, atendida la procedencia intracomunitaria de los vehículos. Deducida la cuota ingresada (6.423,23 euros), se obtiene una cuota defraudada de 238.998,51 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública del que el acusado J.V.V.M. sería autor material, el acusado S.P.G. sería cooperador necesario y la acusada J.D.O.E. sería cómplice.

El Ministerio Público solicita que se condene, además de la pena de prisión al pago de una multa de 350.000 euros para cada uno, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y pérdida del derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

Para la acusada J.D.O.E., la Fiscalía pide junto con una condena de nueve meses de prisión el pago de una multa de 200.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y pérdida del derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante dos años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que se condene a los acusados a pagar a la Hacienda Pública 238.998,51 euros, más los intereses legales de demora, con responsabilidad civil directa de la sociedad mercantil, que también lo será de las penas de multa impuestas a los acusados.