El vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha abogado este lunes por que los dos grupos de funcionarios de la Administración andaluza que menos cobran tengan un "trato diferenciado" con el resto de empleados públicos en relación al recorte salarial que finalmente se lleve a cabo por parte del Gobierno andaluz, tras la negociación que se va a emprender con los sindicatos, en el marco del plan de ajuste económico "impuesto" por el Gobierno central.

En una entrevista con la cadena Ser recogida por Europa Press, Valderas ha insistido en la importancia de que el Gobierno andaluz se haya comprometido a revertir los derechos de los funcionarios cuando la situación de la comunidad lo permita. "Ese mensaje es el que hay que mandar a los más de 260.000 empleados públicos, explicándoles que el sacrificio que tienen que hacer es fruto de unas circunstancias provocadas por unos PGE que machacan las posibilidades de los Presupuestos de la Junta", ha añadido.

En esta línea, el 'número dos' del Gobierno andaluz ha dicho que no considera que la cifra de 770 millones que se ha planteado recortar en el capítulo de personal del Presupuesto de la Junta sea "inamovible". Según ha apuntado, "lo que sí parece inamovible es el marco de la cifra global del plan de ajuste, que ya me gustaría a mí que no fuera así porque considero que es un recorte suicida que no va a contribuir ni a la creación de empleo ni al cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Andalucía".

Tras destacar que hay que dejar un margen a la negociación entre la Junta y los sindicatos", Valderas ha considerado necesario que en el citado plan de ajuste se produzca "un mayor esfuerzo" de lo que se ha puesto sobre la mesa hasta el momento por parte de los altos cargos de la Administración, tanto en relación a la bajada de sueldos del propio gobierno como a un recorte de asesores y responsables políticos en el conjunto de la Comunidad. "Es fundamental que haya un elemento de ejemplaridad en los altos cargos", ha apostillado.

Valderas, que ha negado que se haya producido ningún "encontronazo" en el Gobierno andaluz a raíz del recorte a los funcionarios o que IULV-CA quiera "apuntarse el tanto" de la paralización del decreto para negociar con los sindicatos, ha dicho que el gobierno ha tomado "buena nota" de las peticiones surgidas y ha considerado que antes de que el decreto-ley vea la luz se hace necesario dialogar con quienes representan a los funcionarios, "lo que supone un paso adelante que todo el mundo ha agradecido".

Espera que el decreto llegue al parlamento con un "amplio respaldo"

"Esperamos que haya un decreto que cuando llegue al Parlamento pueda gozar de un amplio respaldo y de mayor comprensión", ha señalado el vicepresidente del Gobierno andaluz, quien ha señalado que en la Cámara andaluza y, dado que el decreto se tramitará como proyecto de ley, los distintos grupos parlamentarios también tendrán la posibilidad de "mejorarlo".

Asimismo, Valderas también se ha pronunciado sobre el hecho de que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Germán Antonio Beteta, haya asegurado que la decisión del Gobierno andaluz de aplazar la aplicación de los recortes podría "paralizar" la aprobación del plan de ajuste andaluz y "descontar" de su participación en los fondos estatales por el importe del plan de pago a proveedores en los términos que indica el Real decreto ley estatal.

A este respecto, ha dicho que las palabras de Beteta le suenan a "amenaza y fariseísmo político", advirtiendo también una "cierta obsesión por limitar los derechos de Andalucía y su Estatuto". "Parece que el Gobierno no quisiera perdonar a Andalucía que no sea el PP quien gobierne esta comunidad", ha apuntado Valderas, quien ha afirmado que "ya está bien de amenazas" por parte del Gobierno central.

Así, tras insistir en que el Gobierno andaluz tiene derecho a defender su soberanía, Valderas ha hecho hincapié en que el Ejecutivo central pretende limitar el título VIII de la Constitución "por la puerta de atrás". Además, ha defendido que el Gobierno no tiene por qué decir a las comunidades autónomas cómo tienen que hacer el recorte en sus presupuestos. "Nosotros hemos marcado nuestras líneas rojas en un recorte brutal de 2.700 millones que no compartimos", ha añadido.

En esta línea, el vicepresidente del Gobierno andaluz ha lamentado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tenga "una doble vara de medir" para las comunidades autónomas y que "maltrate de manera sistemática a Andalucía", una región que considera que "preservar el empleo es una línea roja fundamental que no se puede traspasar", por lo que está aplicando políticas "diferentes" a las del Gobierno de la Nación y a otras comunidades gobernadas por el PP.

Critica que pp se niegue a comisión de investigación sobre bankia

Valderas, que ha criticado que el Gobierno tenga dinero para "rescatar" a los bancos con una gestión "desastrosa", en alusión a Bankia, y no para empleo, sanidad o educación, ha dicho no entender como el PP-A "no se sonroja" cuando pide una comisión de investigación sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y el PP nacional rechaza otra sobre la gestión de Bankia, "que nos va a costar más de 30.000 millones de dinero público".

De igual modo, ha instado a la ciudadanía a que reedite un nuevo 28 de febrero si el Gobierno de la Nación sigue "machacando y limitando" sus derechos y ha considerado que el PP-A mantiene en estos momentos una posición de "gran incoherencia" en relación a los recortes del Gobierno central y a las peticiones que hace al Gobierno andaluz. "Si sumáramos todo lo que pide necesitaríamos cuatro presupuestos", ha destacado Valderas.

Finalmente, preguntado sobre la propuesta de cobrar el IBI a la Iglesia Católica, el vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales ha defendido que este impuesto tiene que pagarlo "todo el mundo" y que en los tiempos económicos actuales "no deben hacerse bonificaciones fiscales de ningún tipo".