El Ayuntamiento pagará 258.000 euros a la empresa redactora del PGOU por los cambios introducidos

A petición del Gobierno
Primera Reunión Gobierno-Ayuntamiento Sobre El PGOU
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EUROPA PRESS
Primera Reunión Gobierno-Ayuntamiento Sobre El PGOU

El Ayuntamiento de Santander pagará un total de 258.532,10 euros a los redactores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por los cambios introducidos en el documento como consecuencia de su devolución por parte del Gobierno de Cantabria para que introdujera modificaciones.

El pasado mes de diciembre, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) acordó remitir de nuevo el documento al Consistorio tras plantearle 48 sugerencias, para someterlo de nuevo a aprobación provisional y el trámite de información pública.

Finalmente, según ha anunciado el Ayuntamiento, la aprobación provisional será en el Pleno del próximo 31 de mayo.

Los cambios, "de distinto calado", que tuvo que introducir la UTE entre las empresas Apia XXI y Auge Arquitectura y Urbanismo han hecho "necesario" que se tenga que "reconfigurar" el documento "en toda su extensión", llevando a una "reelaboración", a la vista del acuerdo de la CROTU, según consta en una resolución municipal a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Junta de Gobierno local, a solicitud del director general de Urbanismo del Ayuntamiento en una propuesta llevada a este órgano por la concejala de Contratación y Patrimonio, ha acordado la modificación del contrato a los redactores de la revisión del plan y la disposición del gasto necesario para hacerle frente.

La aprobación de este cambio en el contrato se hace teniendo en cuenta informes favorables previos y se hace al confluir "razones de interés público" y resultar "justificadas" la existencia de "causas sobrevenidas", tal y como recoge la legislación.

La modificación incluye los nuevos procesos: la reelaboración del documento de Aprobación Provisional para información pública (100.000 euros); la edición, encuadernación y tramitación e información pública del nuevo documento (60.000 euros); la contestación de las Alegaciones y elaboración del Informe de Alegaciones (26.250 euros); y la reelaboración del documento de Aprobación Provisional (32.845 euros) y, finalmente, el documento de aprobación definitiva, por valor de 32.845 euros.

Todos estos cambios sumados ascienden a 219.095 euros, que, tras aplicarse el IVA (39.437,10 euros), llegan hasta los 258.532 euros. El PGOU se adjudicó inicialmente en 341.190 euros, y el presupuesto final de adjudicación llegará a 560.285 euros (cifras sin IVA).

En ese mismo acuerdo se aprueba la renuncia del Ayuntamiento a la posibilidad de resolver el contrato, como consecuencia del incremento de este en cantidad superior al 20 % del presupuesto inicial, por considerar que hay razones de carácter técnico que hacen necesaria aprobar esta modificación. También la UTE renuncia a resolver el contrato.

Las sugerencias del gobierno

En el documento de la CROTU, se pedía al Ayuntamiento que justificara económicamente la necesidad de los proyectos del metro ligero y del túnel entre el Pasaje de Peña y la Avenida de Los Castros.

Entre las sugerencias del Gobierno, se encontraba que se completara la memoria de ordenación para que concrete sus pautas de crecimiento sobre la construcción de viviendas.

También le pedía que suprimiera los sistemas generales de espacios libres un total de 289.901 metros cuadrados, correspondientes a playas, que había incluido en esa calificación; y que asignara clasificación y calificación urbanística a los suelos incluidos en el ámbito del Plan de Ordenación del Litoral (POL) cántabro.

O que incluyera un régimen para la transición del suelo urbano que asuma la condición de urbano no consolidado para suelos en vías de consolidación, y que corrigiera lo relacionado con el campo de golf de Mataleñas, considerado en el plan como parque público pese a no tener acceso libre al público.

Asimismo, se alertaba de que se deben recoger parcelas para la implantación de equipamientos sanitarios, para facilitar centros de salud, ya que ahora no se atenderían las proporciones entre estas instalaciones y el número de habitantes que se recomiendan.

La integración de los faros de Cabo Mayor, Mouro y la Cerda dentro del dominio público portuario —figuraban como equipamientos— era otra de las recomendaciones, entre las que figuraban que se incluye la concreción de las previsiones económicas para aspectos como viales u obras de abastecimiento de agua.

Sobre la intersección entre General Dávila y Camilo Alonso Vega, pedían que aclarara si el cruce se hará a diferente nivel o no. En general, solicitaba que se incluyan previsiones que garanticen la ejecución "ordenada" de las infraestructuras, "en aras de la racionalidad y coherencia del modelo".

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