La juez de Sevilla que investiga las irregularidades en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía tomará declaración como imputados este martes día 29 de mayo a dos 'intrusos' en el ERE de la empresa Calderinox, entre ellos el exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, y a un tercer 'intruso' en el expediente de Aglomerados Morell.

De este modo, la juez ha citado en primer lugar, concretamente a las 10,30 horas, al exdelegado provincial de la Junta en Sevilla, mientras que a las 12,00 horas le tocará el turno a Antonio Fernández Garzón, incluido en el ERE de Calderinox, y a las 13,30 horas a Luis Llorente Herrero, incluido en el ERE de Aglomerados Morell, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

En un auto dictado el pasado mes de enero, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa a Luis Llorente —"amigo" del sindicalista Juan Lanzas— haber sido contratado por Aglomerados Morell un mes antes de que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero diera su conformidad a la suscripción de la póliza para 24 extrabajadores de la empresa, "cuando en realidad nunca trabajó" para la misma.

Respecto a Rodríguez Cordobés y Fernández Garzón, la magistrada señala que ambos se beneficiaron de una póliza suscrita a fin de dar cobertura a las ayudas sociolaborales concedidas a los extrabajadores de la empresa Calderinox, "a pesar de que ninguno de los dos había trabajado nunca para dicha empresa".

Así, y en relación al ERE de Calderinox, la Guardia Civil ya emitió un informe, elevado a la juez, en el que señalaba que los que fueran directores generales de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, ambos imputados en esta causa, "dieron forma y continuidad" a los acuerdos alcanzados por Francisco Javier Guerrero con Calderinox mediante las resoluciones por las que "ordenaron" a IDEA el pago de las ayudas acordadas.

Los investigadores del Instituto Armado ponen de manifiesto en su informe que, del análisis del ERE de Calderinox y de las manifestaciones tomadas a testigos e imputados, "se deduce que, si bien" fueron Guerrero y el entonces delegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas quienes "adquirieron" el compromiso "verbal" relativo a Calderinox, fueron Rivera y Márquez quienes "dan forma y continuidad a los acuerdos mediante las resoluciones por las que se ordena a IDEA el pago de las ayudas".

"visto bueno" del viceconsejero

En este punto, y tras precisar que las órdenes de pago que emitió la Dirección General de Trabajo a IDEA "firmadas por Juan Márquez cuentan con el visto bueno del viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá", concluyen que los "sucesores" de Guerrero en la Dirección General de Trabajo y "los responsables" de la Consejería de Empleo "han continuado y han dado forma a los acuerdos a los que se comprometió éste incumpliendo los trámites y sin la existencia de expediente alguno mediante resoluciones posteriores en las que se ordenan pagos y en los que se da por hecho la concesión de dicha ayuda".

En la causa de los ERE fraudulentos hay imputadas medio centenar de personas, de las que tres han ingresado en prisión, concretamente Guerrero, su exchófer, Juan Francisco Trujillo, y el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández.