La madre del hombre presuntamente asesinado en represalia por un incidente ocurrido en una discoteca un día antes de los hechos ha pedido justicia y que "no quede esto impune". Ha asegurado que con la muerte de su hijo "me arrancaron un pedacito de mi vida porque era el único que me ayudaba", añadiendo que aquí no tiene trabajo y en Colombia, donde estaba cuando sucedieron los hechos, tiene una hija con una enfermedad incurable.

Por estos hechos, que sucedieron en marzo de 2011, hay cuatro hombres acusados. El ministerio fiscal, la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, y los abogados defensores han elegido este lunes a los miembros que forman parte del jurado popular encargado del enjuiciamiento de estos cuatro procesados, que está previsto que comiencen a declarar este martes.

Los hechos sucedieron en una plaza de Málaga capital, hasta donde los acusados, junto a dos menores —que ya han sido juzgados— fueron y, "puestos previamente de acuerdo y armados todos con armas blancas", según el escrito de la acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, se apostaron "a la espera de otros a los que pretendían matar en represalia" por un incidente el día antes.

Entonces, continúa el escrito inicial del fiscal, vieron a un grupo en el que se encontraba la víctima y un testigo protegido, a los que se acercaron "y comenzaron a hostigar", llegando este testigo a recibir un golpe, aunque la víctima se interpuso para protegerlo. Así, los cuatro procesados "de forma sorpresiva e inesperada, blandieron sus armas blancas", impidiendo cualquier tipo de defensa, "dada la superioridad numérica".

La acusación pública sostiene que "de forma deliberada" uno de los acusados "propinó un golpe en el abdomen con un cuchillo jamonero" a la víctima. Esta herida le afectó a varios órganos y fue "de tal gravedad" que sufrió un shock hipovolémico, que, pese a la asistencia médica recibida, "le produjo la muerte". Los acusados se dieron a la fuga, "no sin antes intimidar a los presentes", diciendo uno de ellos que "no le importaba matar a otro".

La Fiscalía acusa a los cuatro procesados por un delito de homicidio, con la agravante de abuso de superioridad, solicitando para cada uno de ellos una pena de 13 años de prisión. Por contra, la familia de la víctima, personada como acusación particular, acusa a los cuatro procesados de un delito de asesinato, solicitando para cada uno 20 años de prisión y que los acusados indemnicen entre todos a la familia con la cantidad de 440.000 euros.

Uno de los procesados fue detenido dos días después por un agente de paisano que viajaba en un autobús con destino a Madrid, ya que "se jactó de lo ocurrido en una conversación telefónica". Ambas acusaciones coinciden en lo fundamental del relato de los hechos, incidiendo la acusación personada en nombre de la familia en que desde el principio la víctima trató de "mediar pacíficamente para evitar cualquier altercado".