La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un acusado de formular hasta cinco denuncias falsas y dos quejas contra magistrados, fiscales o secretarios judiciales en Avilés para evitar la ejecución de un procedimiento de desahucio seguido en el Juzgado de Primera Instancia número uno de la ciudad y que afectaba a su madre. La vista oral está señalada este martes, 29 de mayo, en el Juzgado de lo Pena número uno de Avilés, a las 09.30 horas.

El Ministerio Público sostiene que el acusado, B. F. P., el 1 de abril de 2011, presentó una denuncia contra la Juez del Juzgado de Primera Instancia número uno de Avilés y contra el secretario del mismo, en la que afirmaba que la magistrada faltaba a la verdad en un documento oficial, que actuaba con abuso de poder y que emitía resoluciones injustas y arbitrarias; y respecto del Secretario, que actuaba como cómplice de la magistrada, que emitía igualmente resoluciones injustas y arbitrarias, al tiempo que maliciosamente retrasaba un procedimiento abierto por desahucio. De forma concreta, el acusado les imputaba un delito de falsificación de documento público y prevaricación.

La denuncia supuso la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número tres de Avilés, que dictó un auto por el que, en cuanto a la denuncia contra la magistrada, se inhibía al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), y en relación a la denuncia contra el Secretario, practicaba diligencias; finalmente, la denuncia contra la Juez fue inadmitida por el TSJA; la denuncia contra el Secretario Judicial fue archivada.

El acusado, el 6 de abril de 2011, denunció ante los Juzgados de Avilés a la Secretaria de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Oviedo por presuntamente haber emitido un certificado falso sobre el juicio de desahucio, imputándole así un delito de falsedad. Esta denuncia dio lugar a la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número seis de Avilés, que fueron sobreseídas.

El acusado, el 18 de abril de 2011, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Avilés contra la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número uno de la ciudad, escrito en el que afirmaba que la Juez violaba el Estado de Derecho prevaliéndose de sus funciones públicas e imputándole un delito contra la integridad moral. Esto dio lugar a la incoación en Fiscalía de un expediente, que terminó con un decreto que acordaba la no apertura de Diligencias de Investigación; decreto que fue debidamente notificado al acusado.

El acusado, el 26 de abril de 2011, redactó un escrito firmado por su madre, que dirigió al juez Decano de Avilés, en el que aseguraba que, de nuevo la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número uno y el Secretario del mismo violaban sistemáticamente derechos fundamentales, imputándoles de esta forma delitos de prevaricación y falsedad; afirmaciones que el acusado reiteró ante el mismo órgano el 5 de mayo de 2011. En contestación a los escritos, el Magistrado Juez Decano emitió sendos acuerdos, decretando que no había lugar a la suspensión cautelar solicitada en el proceso de ejecución del desahucio.

El 26 de mayo de 2011, el acusado redactó una denuncia, firmada otra vez por su madre (que intervino en el asunto única y exclusivamente en la rúbrica), contra la misma magistrada del Juzgado de Primera Instancia número uno de Avilés, y contra el mismo Secretario del mismo, en la que les imputaba nuevamente varios delitos. Ésta supuso la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número siete de Avilés, que dictó un auto por el que, en cuanto a la denuncia contra la magistrada, se inhibía al TSJA, que finalmente inadmitió la denuncia; y en relación a la denuncia contra el Secretario, se inhibía al juzgado de Instrucción número tres de Avilés para su acumulación con las que ya había anteriormente, donde se archivaron.

Por último, el acusado denunció el 20 de marzo de 2011 ante el Juzgado de Instrucción número cuatro de Avilés a la misma magistrada y al Fiscal decano de Avilés, a quienes acusó, respectivamente, de negarle información del procedimiento de ejecución del desahucio y de incumplir el estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; la denuncia fue sobreseída.

La Fiscalía sostiene que el acusado, con su conducta y las denuncias falsas formuladas, pretendía evitar un desahucio cuyo procedimiento se seguía en el Juzgado de Primera Instancia número uno de Avilés, acusaciones que hacía con conocimiento de su falsedad. La sentencia del juicio en la que se condenaba a su madre a desalojar el inmueble en el que residía fue confirmada por al Audiencia Provincial de Oviedo en noviembre de 2010; resolución, por un lado, contra la que el Tribunal Constitucional no admitió el recurso de amparo promovido por el acusado y, por otro lado, contra la que no tampoco fue admitido el recurso extraordinario interpuesto por supuesta infracción procesal.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos un delito continuado de denuncia falsa y solicita que se condene al acusado a la pena de prisión de dos años y multa de 24 meses razón de una cuota diaria de 18 euros (12.960 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, más de las costas procesales.