Bankia reconoce en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que su saneamiento puede implicar la asunción de "costes extraordinarios". La entidad ha proporcionado al organismo detalles adicionales sobre el origen del cálculo de los 19.000 millones de ayuda pública que ha solicitado.

El grupo ha admitido además que cuando calculó la cifra no tuvo en cuenta los beneficios —antes de provisiones— que generará en los próximos tres años, porque entonces el volumen de las ayudas habría sido inferior.

Lo que hará es guardar el dinero para otras contingencias, entre las cuales están esos costes extraordinarios, que dependerán de las condiciones que impongan las autoridades europeas y españolas para su aprobación y cuyos efectos no han sido especificados por Bankia. La entidad no aclara a qué se pueden deber y si se producirán, por ejemplo, recortes de plantilla y cierres de oficina.

Otra contingencia que podría asumir es la necesidad de aplicar saneamientos no contemplados ahora en el plan, como la "necesidad de ajustar la valoración de ciertos inmuebles de uso propio". También se podría utilizar este dinero para "cumplir con suficiente antelación con las nuevas necesidades de capital regulatorio".

Una vez concedida la ayuda de 19.000 millones, que dará el control del grupo al Estado, la intención del Gobierno y del nuevo equipo gestor de BFA-Bankia es "poner al grupo en una senda de beneficios y rentabilidad sobre recursos propios crecientes en los próximos años de cara a permitir la venta de la participación del Estado en las mejores condiciones".